El Gobierno nacional, a través de la Consejería de Paz, diseñó una hoja de ruta para adelantar diálogos con estructuras criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana. El documento fue conocido y plantea una serie de medidas jurídicas y operativas que buscan facilitar el acercamiento con estos grupos, mientras se socializa la estrategia con autoridades locales y líderes sociales.
Según el delegado de paz del Gobierno, Camilo Pineda, la hoja de ruta establece que a mediados de abril podrían alcanzarse acuerdos con las organizaciones que decidan someterse voluntariamente. Entre las medidas previstas se incluyen mecanismos ante la Fiscalía para gestionar preacuerdos, aceptación de cargos, principios de oportunidad e incluso preclusiones, siempre que existan compromisos verificables por parte de los grupos.
Asimismo, el documento contempla la posibilidad de evaluar la suspensión de órdenes de captura y el traslado de personas privadas de la libertad de mediana seguridad, aunque aclara que no habrá beneficios penales automáticos hasta la eventual promulgación de una Ley especial de sometimiento.
Alerta por violencia y feminicidios
La hoja de ruta también advierte un incremento significativo de la violencia en el Atlántico tras el fin de la tregua unilateral de los grupos ilegales. Según las cifras oficiales, en marzo de 2026 se registraron 82 homicidios, un aumento del 43,9%, concentrados principalmente en el área metropolitana de Barranquilla, que representa el 80,4% de los casos.
Igualmente, se evidencia un repunte en los feminicidios, con entre 18 y 19 mujeres asesinadas en lo corrido del año, algunas de ellas menores de edad. Los hechos se presentan en zonas con presencia de estructuras criminales, lo que ha generado alarma entre las autoridades y organizaciones sociales.
Compromiso del Gobierno
El proceso de diálogo, según el documento, se desarrollará bajo principios de verdad, reparación y no repetición, buscando generar consenso y transparencia sobre las acciones a seguir para mejorar la seguridad en Barranquilla y el Atlántico.
“Es fundamental que cualquier acercamiento con las estructuras criminales se haga bajo condiciones claras, verificables y en coordinación con las autoridades locales, para garantizar que la ciudadanía recupere la tranquilidad”, indicó un vocero de la Consejería de Paz.
Las próximas semanas serán clave para observar cómo se implementa esta estrategia y si los acuerdos pueden contribuir a disminuir la violencia en la región sin comprometer la justicia y los derechos de las víctimas.