Gobierno frena traslado de “Castor”, Digno Palomino y ‘Negro Ober’ a Barranquilla

La presión pública y política surtió efecto. Luego de una intensa ola de críticas, el Ministerio de Justicia suspendió el traslado a cárceles de Barranquilla de tres de los criminales más temidos de la región Caribe: Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, cabecilla de Los Costeños; Digno Palomino, líder de Los Pepes; y Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’, de los Rastrojos Costeños.
La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, quien admitió fallas en la articulación con las autoridades locales y reconoció que la medida se tomó sin la coordinación institucional necesaria.
La polémica escaló tras un fuerte cruce de declaraciones entre el ministro y el alcalde de Barranquilla, Alex Char, a quien Idárraga respondió directamente a través de su cuenta en X.
“Aquí no hay premios, hay resultados frente a una crisis que su administración no logró contener”, afirmó el ministro, defendiendo la estrategia del Gobierno nacional y asegurando que los diálogos de paz con ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ permitieron una reducción del 57 % en homicidios y del 84 % en extorsión, según cifras del Ministerio de Defensa a finales de 2025.
Idárraga fue más allá y responsabilizó a la administración distrital por el deterioro de la seguridad en la ciudad, recordando que 2024 cerró como el año más violento de Barranquilla en dos décadas, con 487 homicidios, y un aumento del 458 % en extorsión entre 2021 y 2023, según datos oficiales de la Policía.
En uno de los apartes más duros de su mensaje, el ministro cuestionó el manejo de los recursos locales:
“¿Qué pasó con los 78.000 millones de pesos del impuesto a la seguridad que pagan los atlanticenses? Con casi la mitad del recaudo departamental, Barranquilla llegó a sus peores cifras de violencia en 20 años”, señaló, interpelando directamente al alcalde.
No obstante, el jefe de la cartera de Justicia terminó reconociendo que la decisión de trasladar a los cabecillas fue improvisada y que la lucha contra el crimen exige una respuesta coordinada entre el INPEC, la Policía Nacional y las autoridades territoriales.
Por ahora, el traslado de los tres jefes criminales queda en pausa, mientras se revisan los protocolos de seguridad y vigilancia.
“El pueblo barranquillero merece una institucionalidad unida. La paz no es un cheque en blanco”, advirtió Idárraga, quien subrayó que los cabecillas deberán mostrar resultados verificables en la reducción de la violencia, o enfrentarán todo el peso del Estado.