El Gobierno nacional oficializó la creación de la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo denominada ‘Corazón del Mundo’, una figura de protección ambiental que abarca cerca de 1,5 millones de hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta – Gonawindúa.
La decisión fue anunciada por la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, y tiene como objetivo fortalecer la conservación, restauración y protección de uno de los ecosistemas más estratégicos y biodiversos del país.
La medida establece que dentro del área protegida no podrán otorgarse nuevos títulos mineros, contratos de exploración o explotación de hidrocarburos, ni licencias ambientales para actividades extractivas. Con esto, el Gobierno busca evitar intervenciones que afecten la integridad ecológica del territorio.
No obstante, la resolución aclara que las restricciones no aplicarán a los títulos y concesiones que ya se encuentren vigentes al momento de la declaratoria.
Un territorio clave para el equilibrio ambiental del Caribe
La Sierra Nevada de Santa Marta es considerada un importante regulador hídrico y climático de la región Caribe, además de ser fuente de múltiples ríos que abastecen comunidades, actividades productivas y ecosistemas estratégicos.
En ese sentido, la declaratoria busca garantizar la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental a largo plazo.
Reconocimiento a los pueblos indígenas
La decisión también resalta el valor cultural y espiritual del territorio para los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, quienes reconocen la Sierra Nevada como el “Corazón del Mundo”, un espacio sagrado donde confluyen naturaleza, cultura y espiritualidad.
Actividades permitidas en la zona
El Ministerio de Ambiente precisó que la creación de la reserva no restringe actividades como la agricultura, la ganadería, el turismo, el ecoturismo, ni el desarrollo de proyectos comunitarios.
También se permitirán obras de infraestructura relacionadas con vivienda, salud, educación, saneamiento básico, servicios públicos y mejoramiento de vías, siempre que estén orientadas al bienestar de las comunidades.
De igual forma, la medida no afecta la propiedad privada ni limita procesos de formalización de tierras o la constitución de zonas de reserva campesina.
Con esta decisión, el Gobierno busca consolidar un modelo de protección ambiental que combine la preservación de la biodiversidad con el respeto por los derechos de las comunidades que habitan este territorio considerado uno de los más importantes del país.