La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes a los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda) los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, al señalar que ambos habrían encabezado una estructura criminal para direccionar contratos en el Invías y en la UNGRD a favor de congresistas.
Según el ente acusador, los exfuncionarios del Gobierno del Cambio habrían buscado influir en 74 contratos por un valor total de $612.237 millones, de los cuales solo 7 llegaron a concretarse.
“Compraban congresistas a través de contratos”: Fiscalía
Durante la audiencia, la fiscal del caso aseguró que Velasco y Bonilla no solo hicieron parte del esquema, sino que lo lideraron y promovieron activamente, impartiendo órdenes, coordinando reuniones y supervisando gestiones dentro de ambas entidades estatales.
“Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal. Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y de la UNGRD con el fin de cumplir los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, señaló la fiscal.
El supuesto modus operandi, describió la funcionaria, consistía en entregar contratos financiados con recursos públicos a congresistas a cambio de su apoyo a proyectos del Gobierno en el Congreso, especialmente en temas de endeudamiento nacional, salud y pensiones.
Una instrucción clave: impulsar la reforma pensional con contratos
La Fiscalía afirmó que el exministro Velasco habría ordenado en junio de 2023 al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, acudir a un debate en la Comisión Séptima del Senado para “entregar contratos a ciertos parlamentarios” y así garantizar mayorías que respaldaran la reforma pensional y otras iniciativas del Ejecutivo.
La Fiscalía habla de un “pacto criminal”
La fiscal del caso aseguró que lo ocurrido no correspondía a acciones aisladas, sino a un acuerdo estructurado:
“Se gestó un pacto criminal para ejecutar los presuntos actos de corrupción”.
Por la gravedad de los hechos y el rol que, según la Fiscalía, habrían desempeñado los exministros, el ente acusador anunció que solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos.