El accidentado proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por la presunta entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial de 2022, sumó un nuevo y escandaloso capítulo que promete dilatar aún más el inicio del juicio.
A pocos días de arrancar formalmente las audiencias, la Fiscalía General de la Nación removió sorpresivamente de su cargo a Lucy Marcela Laborde Betancourt, la fiscal penal encargada de liderar la acusación contra el hijo del Presidente de la República. Lejos de quedarse de brazos cruzados, la funcionaria prepara una contraofensiva jurídica mediante una acción de tutela para intentar aferrarse al caso.
Una remoción camuflada en «nombramientos de planta»
La salida de Laborde se oficializó a través de la resolución 30000-03611, firmada por Alejandro Giraldo López, director ejecutivo de la Fiscalía. El documento argumenta una reestructuración interna bajo la figura de «nombramientos en período de prueba» y la terminación de nombramientos en provisionalidad.
Con esta decisión, Laborde es degradada de la Dirección Especializada de Lavado de Activos en el nivel central a ser Fiscal Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializados.
Lo llamativo es el timing judicial. Laborde es la segunda fiscal apartada de este proceso. Cabe recordar que el fiscal original del caso, Mario Burgos —quien lideró las capturas de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez—, fue retirado del proceso por la propia entidad. Con este nuevo cambio, el caso queda completamente acéfalo en su etapa más crítica.
Choques en redes, playas y solicitudes de arresto
La gestión de la fiscal Laborde estuvo marcada por una tensa relación con la defensa del exdiputado del Atlántico. El punto máximo de fricción ocurrió cuando la fiscal solicitó formalmente cinco días de arresto contra Nicolás Petro y su abogado, Alejandro Carranza.
¿El motivo? La inasistencia presencial de Petro a las audiencias preparatorias en Barranquilla alegando problemas de agenda, mientras en paralelo publicaba fotografías en redes sociales disfrutando de las playas de Santa Marta y Cartagena. Sin embargo, la jugada le salió al revés a la funcionaria: el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, no solo negó el arresto de Petro, sino que compulsó copias para que se investigara a la propia fiscal.
El panorama actual: Un juicio en el limbo
Actualmente, el proceso se encuentra en una encrucijada donde confluyen tres frenos judiciales simultáneos:
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Falta de acusador: Aunque el Tribunal Superior de Barranquilla destrabe y resuelva las apelaciones sobre las pruebas presentadas por las partes, el juez no podrá iniciar el juicio porque materialmente no hay un fiscal asignado que sustente la acusación.
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La tutela de la ex-fiscal: Lucy Marcela Laborde radicará una tutela con solicitud de medidas cautelares buscando suspender su traslado. Si un juez le da la razón, el proceso penal se enredaría en una batalla administrativa.
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Espera de segunda instancia: El magistrado Demóstenes Camargo, de la sala penal del Tribunal de Barranquilla, aún tiene en sus manos la decisión final sobre cuáles pruebas serán válidas para el juicio y cuáles no.
El saldo: Entre cambios de fiscales, choques personales, recusaciones y recursos de tutela, el juicio contra el hijo del mandatario se perfila como uno de los procesos más dilatados y complejos de la historia reciente del poder judicial en Colombia.