Un nuevo informe de la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el manejo de recursos públicos en Colombia, tras detectar hallazgos fiscales por más de $69.000 millones en proyectos de becas financiados con regalías en los departamentos de Magdalena y Chocó.
Los proyectos, orientados a fortalecer el capital humano mediante formación de alto nivel en ciencia, tecnología e innovación, presentan graves irregularidades que impiden comprobar el uso adecuado de los recursos.
Según el ente de control, no existen listados de beneficiarios, certificaciones académicas, soportes de pagos ni informes técnicos o de ejecución, lo que hace imposible verificar si las becas fueron realmente otorgadas o si los programas se llevaron a cabo.
Control interno “inadecuado”
El equipo auditor calificó como “inadecuado” el sistema de control interno de las entidades responsables, al evidenciar ausencia de auditorías, falta de seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías y una gestión sin procesos formales de control.
Además, se identificaron vacíos en la trazabilidad de los proyectos, lo que dificulta establecer responsables claros y pone en evidencia fallas estructurales en la administración pública.
Magdalena: $28.210 millones sin respaldo
En el caso de Magdalena, el proyecto aprobado en 2013 buscaba financiar maestrías y doctorados para profesionales del departamento. Sin embargo, ni la Gobernación, ni el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ni las universidades vinculadas lograron aportar documentación que respalde la ejecución de $28.210 millones.
Pese a reportar un avance financiero superior al 80%, no hay evidencia verificable de resultados ni de los beneficiarios.
Chocó: más de $41.000 millones bajo la lupa
La situación es aún más crítica en Chocó, donde un proyecto por $41.608 millones presenta múltiples fallas: inexistencia de soportes académicos, ausencia de productos de investigación, falta de control por parte de la interventoría y carencia total de expedientes oficiales.
Incluso, la Contraloría evidenció que la información contractual no fue reportada adecuadamente en plataformas como SECOP, limitando el control ciudadano.
Posibles sanciones y traslado a Fiscalía
Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría General de la República anunció que iniciará procesos para determinar responsabilidades fiscales individuales.
Además, los resultados fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones correspondientes.
El organismo de control aseguró que hará seguimiento permanente para evitar que este tipo de irregularidades se repitan y para garantizar que los recursos públicos se administren bajo principios de transparencia, legalidad y eficiencia.