La intervención de Comfamiliar Atlántico vuelve a quedar en el centro de la controversia. El Ministerio del Trabajo anunció que trasladará a los organismos de control y a la Fiscalía General de la Nación una serie de hallazgos que, según la entidad, podrían revelar irregularidades administrativas, contractuales y posibles conflictos de interés dentro de la caja de compensación.
La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, calificó los resultados preliminares de la revisión como “graves y lamentables” y advirtió que el Gobierno no permitirá que los recursos destinados a los trabajadores y sus familias sean utilizados para beneficiar intereses particulares.
La funcionaria realizó este viernes en Barranquilla una visita de revisión junto con la superintendente del Subsidio Familiar, Edna María Tafur, para evaluar el estado de la entidad, actualmente intervenida.
Creación de cargos y contratos bajo la lupa
Según la ministra, durante la revisión fueron identificadas actuaciones de la administración anterior que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
Entre los hechos mencionados aparecen modificaciones en la estructura administrativa y creación de cargos durante los últimos días de la anterior administración, contratos de larga duración que, según el Ministerio, superarían el horizonte inicialmente previsto para la intervención y posibles incompatibilidades.
También se encontraron, de acuerdo con la funcionaria, casos de personas vinculadas a Comfamiliar que simultáneamente tendrían contratos con la entidad encargada de ejercer labores de vigilancia sobre la caja.
A esto se suman modificaciones contractuales con impactos económicos millonarios y lo que el Ministerio calificó preliminarmente como posibles maniobras fraudulentas.
López Fuentes aseguró que el Gobierno cuenta con soportes documentales y que estos serán entregados a las autoridades para que se establezca si existieron responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.
Fiscalía, Procuraduría y Contraloría recibirán los documentos
La ministra anunció que los hallazgos serán compulsados a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General, entidades que tendrán la responsabilidad de determinar si las actuaciones revisadas constituyen irregularidades y quiénes podrían responder por ellas.
La decisión eleva el nivel de la controversia alrededor de Comfamiliar Atlántico, pues ya no se trata únicamente de una revisión administrativa de la intervención, sino de hechos que podrían terminar en investigaciones de carácter penal, disciplinario y fiscal.
No obstante, los señalamientos corresponden a hallazgos preliminares y será responsabilidad de las autoridades competentes establecer si efectivamente existieron delitos, faltas o perjuicios económicos.
El contrato de $53,5 millones que encendió las alarmas
Uno de los asuntos que más llamó la atención del Ministerio está relacionado con María Teresa Carvajal Aguirre, quien asumió como directora administrativa de Comfamiliar Atlántico durante la intervención.
Según la información entregada por el Ministerio, su contrato inicial fue suscrito bajo la modalidad de obra o labor, con un salario integral mensual de $53,5 millones.
La duración de ese vínculo estaba asociada a la permanencia de la intervención de la Superintendencia del Subsidio Familiar, establecida inicialmente por un periodo de 12 meses.
Sin embargo, el Ministerio señala que el 23 de julio de 2026 se suscribió un otrosí que modificó sustancialmente las condiciones originales.
El contrato pasó de obra o labor a uno de término fijo por dos años, contados desde el 9 de julio.
Según el documento citado por el Gobierno, uno de los objetivos de la modificación era “consolidar el nombramiento en propiedad” de la directora administrativa y garantizar su continuidad al frente de la entidad durante un periodo superior al inicialmente previsto para la intervención.
Una eventual indemnización de $1.500 millones
El cambio contractual también tendría consecuencias económicas que ahora están bajo revisión.
De acuerdo con los cálculos jurídicos preliminares citados por el Ministerio, una eventual terminación anticipada del nuevo contrato podría generar una indemnización cercana a $1.500 millones a favor de Carvajal Aguirre.
La preocupación del Gobierno radica en que ese eventual pago tendría que ser asumido con recursos de Comfamiliar Atlántico, es decir, fondos destinados a la operación de la caja y a los servicios que reciben sus afiliados y sus familias.
El Ministerio deberá establecer si la modificación contractual se ajustó a las normas aplicables, cuáles fueron las razones que la motivaron y si produjo o podría producir un perjuicio económico para la entidad.
El vínculo personal que también está bajo revisión
Otro elemento que encendió las alarmas tiene que ver con la relación personal de Carvajal Aguirre con Juan Guillermo Ortiz Juliao, quien durante la administración anterior ocupaba el cargo de superintendente delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Ese cargo tenía relación con procesos de intervención y medidas especiales aplicadas a cajas de compensación.
La relación personal y las decisiones administrativas que rodearon la designación y posterior modificación contractual de Carvajal Aguirre están siendo examinadas por el Ministerio para determinar si pudo configurarse algún conflicto de intereses o incompatibilidad.
Por ahora, se trata de un asunto bajo revisión y no de una responsabilidad establecida judicialmente.
La “Telaraña azul”
El Ministerio del Trabajo calificó el presunto entramado descubierto durante sus revisiones como una “Telaraña azul”, expresión que, según el Gobierno, hace referencia a una serie de relaciones contractuales y administrativas que estarían apareciendo en diferentes cajas de compensación.
En el caso de Comfamiliar Atlántico, esa denominación se utiliza para describir la presunta existencia de conexiones entre funcionarios, contratistas, decisiones administrativas y entidades encargadas de ejercer labores de vigilancia.
El Gobierno busca establecer si esas relaciones fueron simplemente coincidencias administrativas o si existió algún tipo de favorecimiento indebido.
La respuesta, en cualquier caso, tendrá que surgir de las investigaciones que adelanten los organismos competentes.
“Las cajas no son de ningún político”
La ministra Natalia López Fuentes lanzó una advertencia directa durante su visita a Barranquilla.
El Gobierno, dijo, no permitirá que los recursos de los trabajadores sean utilizados para favorecer intereses particulares ni que las cajas de compensación terminen convertidas en “fortines de nadie”.
La funcionaria insistió en que estas entidades no pertenecen a partidos políticos, dirigentes o sectores particulares.
Su posición fue tajante: los recursos son de los trabajadores y de sus familias y deben ser protegidos institucionalmente.
En ese sentido, López Fuentes señaló que junto con la Superintendencia ya se están adoptando medidas administrativas para proteger a Comfamiliar Atlántico, sus recursos y a los usuarios.
Una intervención que vuelve a generar preguntas
La Superintendencia del Subsidio Familiar inició la intervención de Comfamiliar Atlántico el 6 de julio de 2026, después de la salida de Herber Mantilla Gómez y del Consejo Directivo.
Posteriormente fue designada María Teresa Carvajal Aguirre para asumir la dirección de la caja.
Ahora, dos meses después del inicio de la intervención, la entidad vuelve a estar bajo el reflector por decisiones contractuales y administrativas que el actual Gobierno considera suficientemente relevantes como para trasladarlas a los organismos de investigación.
La pregunta central será determinar si las actuaciones cuestionadas respondieron a decisiones administrativas legítimas o si, por el contrario, pudieron comprometer los recursos y los intereses de los trabajadores afiliados.
El dinero de los trabajadores, en el centro de la discusión
Más allá de las disputas políticas que puedan surgir alrededor de la intervención, el punto de fondo es el manejo de los recursos de una entidad cuya función está directamente relacionada con el bienestar de miles de trabajadores y sus familias.
Por eso, los hallazgos anunciados por el Ministerio tendrán que ser examinados con lupa.
Si las investigaciones confirman irregularidades, deberán establecerse los responsables y recuperarse los recursos que eventualmente hayan sido afectados.
Si, por el contrario, las actuaciones cuestionadas encuentran respaldo jurídico y administrativo, también deberá quedar claro ante la opinión pública por qué se tomaron esas decisiones y bajo qué criterios.
Por ahora, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría tendrán la palabra.
Lo que sí está claro es que el caso Comfamiliar Atlántico dejó de ser solamente una intervención administrativa y entró en una nueva etapa: la de las investigaciones para determinar si detrás de los contratos, nombramientos y modificaciones denunciadas hubo simples decisiones de administración o una verdadera red de intereses que terminó comprometiendo los recursos de los trabajadores.