Un nuevo caso de presunta apropiación indebida de bienes públicos genera controversia en Cartagena. Se trata de una isla conocida como “Isla Fiesta”, que, pese a ser considerada terreno de la Nación, habría sido utilizada durante más de dos décadas por un empresario privado que hoy se niega a devolverla.
El predio, de aproximadamente 600 metros cuadrados y ubicado en la zona insular, fue transformado en un exclusivo complejo turístico con servicios dirigidos a visitantes de alto poder adquisitivo, pese a su carácter público.
Uno de los puntos más cuestionados es que, según versiones, el ocupante habría pagado durante años una suma mensual mínima por el uso del terreno, muy por debajo de su valor real y de los ingresos generados por la actividad turística.
Las autoridades sostienen que el terreno es un bien baldío, es decir, propiedad del Estado y no susceptible de adquisición por particulares. Sin embargo, el proceso para su recuperación ha estado rodeado de vacíos jurídicos y disputas legales que han impedido una solución definitiva.
Hasta el momento, la identidad del empresario no ha sido revelada oficialmente, lo que ha incrementado las dudas sobre cómo fue posible la explotación del predio durante tanto tiempo sin una intervención efectiva de las entidades competentes.
El caso vuelve a poner sobre la mesa las fallas en el control de tierras en zonas de alto valor turístico, donde bienes públicos terminan siendo utilizados con fines privados sin claridad legal.
Mientras avanza el proceso judicial, la isla continúa en manos del particular, en medio de cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional y el manejo de los recursos que pertenecen al Estado.