La comisión del gobierno entrante solicitó la suspensión de 10 contratos tras advertir concentración de empresas en los consorcios ganadores. El Ministerio de Transporte defiende la legalidad del proceso.

El equipo de empalme del presidente electo Abelardo De La Espriella solicitó formalmente al Gobierno saliente suspender la firma de diez contratos para vías terciarias en el departamento de La Guajira, cuyo valor acumulado ronda los $3,2 billones de pesos.

La petición, radicada el pasado 27 de julio, se fundamenta en serios cuestionamientos sobre la libre competencia, al detectarse que varias empresas se repiten dentro de los distintos consorcios que resultaron ganadores en los 10 lotes de alto valor adjudicados.

  PROCESO LICITATORIO        COBERTURA TERRITORIAL             VALOR DEL CONTRATO
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  LP-DEO-SVR-062-2025        7 contratos para Uribia            $1,95 billones
  LP-DEO-SVR-063-2025        3 contratos para Riohacha,         $1,09 billones
                             Maicao y Manaure
  CMA-DEO-SVR-088-2025       Interventoría (7 sectores Uribia)  $120.115 millones
  CMA-DEO-SVR-091-2025       Interventoría (Riohacha, Maicao    $84.371 millones
                             y Manaure)

Exigencia de revisión técnica y financiera

Desde la comisión de empalme precisaron que no se oponen al desarrollo de la infraestructura vial de la región, pero consideran prioritario realizar una evaluación «técnica, jurídica y financiera independiente» antes de la firma definitiva, dada la magnitud de los recursos y la cercanía del cambio de mando.

Entre las verificaciones requeridas destacan:

• Estudios y diseños: Comprobar que los proyectos cuenten con el nivel de detalle necesario para evitar sobrecostos y adiciones.

• Requisitos legales y ambientales: Garantizar la disponibilidad predial, licencias ambientales y adecuada gestión de riesgos.

• Sostenibilidad financiera: Verificar el respaldo económico de los contratistas.

El equipo del nuevo gobierno advirtió que de detectarse irregularidades se emprenderán acciones legales y administrativas, aunque aclaró que las obras que cumplan cabalmente con los principios de transparencia y planeación continuarán su ejecución.

La respuesta del Ministerio de Transporte

Ante los cuestionamientos, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió la transparencia del trámite asegurando que se trató de un «riguroso proceso de planificación» estructurado desde finales de 2025 con estricto apego al Estatuto Orgánico de Presupuesto y la Ley de Contratación.

Asimismo, la jefa de la cartera de infraestructura argumentó que la licitación responde al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, la cual ordenó inversiones prioritarias e integrales para el departamento de La Guajira.