Un empleado de una entidad financiera fue enviado a prisión por decisión de una juez de control de garantías, luego de ser señalado por la Fiscalía de presuntamente utilizar sus accesos al sistema bancario para facilitar un millonario fraude que habría afectado a 19 clientes en Valledupar, Cesar.
El procesado fue identificado como Claudio David Coronado Aragón. De acuerdo con la investigación, el trabajador habría aprovechado sus permisos dentro de la entidad para realizar modificaciones en los perfiles de los usuarios y facilitar operaciones que terminaron con el retiro de más de $870 millones.
Los hechos investigados se habrían registrado entre el 18 de abril y el 9 de agosto de 2024. Durante ese periodo, el empleado presuntamente habría utilizado sus propias credenciales y las de otros funcionarios para efectuar cambios en la información de los clientes.
Según la Fiscalía, una de las modalidades utilizadas habría consistido en registrar novedades biométricas falsas para posteriormente modificar datos asociados a las cuentas de las víctimas.
La investigación también señala que el procesado habría gestionado la reposición de tarjetas bancarias y permitido que los nuevos plásticos fueran entregados a personas que no correspondían con los titulares de las cuentas.
Posteriormente, se habrían modificado las claves de acceso, lo que presuntamente permitió que los recursos fueran transferidos o retirados mediante productos financieros vinculados a terceras personas.
La Fiscalía calcula que, mediante estas maniobras, fueron sustraídos más de $870 millones pertenecientes a los 19 clientes afectados.
Otros dos hombres fueron judicializados
En el mismo proceso fueron vinculados Jairo Alberto Cornelio Oyola y Karls Lewis Guzmán Jiménez, quienes, según el ente acusador, habrían cumplido funciones dentro del esquema y recibido parte de los recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita.
La investigación establece que ambos habrían realizado retiros de dinero en cajeros automáticos ubicados en Valledupar, Bogotá y Cali. También habrían utilizado parte de los recursos para realizar compras en diferentes establecimientos comerciales.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos presentó escrito de acusación contra los tres procesados por el delito de hurto por medios informáticos agravado, mediante el procedimiento penal especial abreviado.
Uno fue enviado a prisión y dos quedaron en detención domiciliaria
Durante las audiencias preliminares, una juez de control de garantías de Becerril, Cesar, impuso a Claudio David Coronado Aragón una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Para Jairo Alberto Cornelio Oyola y Karls Lewis Guzmán Jiménez, el despacho judicial determinó una medida de detención domiciliaria.
La investigación continúa con el propósito de establecer la responsabilidad individual de los tres procesados y determinar cómo se habría desarrollado la operación que permitió afectar las cuentas de los 19 clientes.
Las acusaciones formuladas por la Fiscalía corresponden a la etapa de investigación y judicialización. La responsabilidad penal de los procesados deberá ser determinada por las autoridades judiciales en las respectivas etapas del proceso.