La instalación de nuevas cámaras de velocidad en la autopista Barranquilla-Cartagena generó una nueva controversia en el Atlántico. La gobernadora Elsa Noguera cuestionó que el corredor pueda llegar a tener siete dispositivos de detección electrónica y pidió frenar la entrada en funcionamiento de tres nuevos equipos.
La mandataria explicó que actualmente existen cuatro cámaras en este tramo y que recientemente fueron autorizadas otras tres. A su juicio, la cantidad resulta excesiva y requiere una revisión antes de que los nuevos dispositivos comiencen a operar.
Noguera señaló que existe un conflicto de competencias relacionado con la autorización y operación de estos sistemas, razón por la cual la Gobernación solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial suspender la puesta en funcionamiento de las tres nuevas cámaras.
La gobernadora insistió en que el debate no debe reducirse a la instalación de dispositivos para detectar infracciones, sino a la manera en que las autoridades pueden disminuir efectivamente los accidentes en uno de los corredores con mayor movilidad de la región Caribe.
“Siete cámaras de velocidad en la autopista Barranquilla–Cartagena son excesivas”, manifestó Noguera.
La mandataria también lanzó una advertencia sobre el uso de la tecnología para controlar la velocidad y sostuvo que las cámaras deben tener como finalidad principal la protección de los conductores, pasajeros, motociclistas y demás usuarios de la carretera.
“La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo”, afirmó.
Frente a esta situación, la Gobernación del Atlántico plantea una estrategia que combine diferentes herramientas para mejorar la seguridad vial. Entre las alternativas mencionadas están las intervenciones de ingeniería, una señalización adecuada, campañas de pedagogía para los conductores y controles efectivos sobre la carretera.
La discusión cobra especial importancia por tratarse de una vía estratégica para el Caribe, utilizada diariamente por miles de vehículos que se movilizan entre Barranquilla, Cartagena y los municipios ubicados a lo largo del corredor.
La posición de Noguera no significa que la Gobernación esté en contra del control de velocidad. Por el contrario, su planteamiento apunta a que las medidas de detección electrónica estén acompañadas de acciones que permitan identificar y corregir las condiciones que generan los siniestros viales.
Ahora la atención está puesta en la respuesta que entregue la Agencia Nacional de Seguridad Vial frente a la solicitud de suspensión. Mientras tanto, la discusión sobre las tres nuevas cámaras vuelve a poner sobre la mesa el debate entre seguridad vial, competencias institucionales y el temor ciudadano de que las fotomultas terminen convirtiéndose principalmente en una herramienta de recaudo.