El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, elevó este martes sus cuestionamientos por la presunta apropiación irregular de un lote ubicado en Puerto Colombia, Atlántico, y aseguró que detrás de este tipo de actuaciones habría existido permisividad de funcionarios públicos.
Durante el acto de posesión del nuevo contralor general de la República, Jorge Laverde, realizado en La Dorada, Caldas, el mandatario utilizó el caso de los terrenos cedidos gratuitamente en Puerto Colombia como ejemplo de lo que calificó como una degradación de lo público y anunció una ofensiva contra quienes se hayan apropiado ilegalmente de bienes destinados al beneficio colectivo.
“El robo de tierras también ha llegado a nuestra ciudad. La prensa está revelando un caso que confirma hasta dónde puede llegar la degradación de lo público”, afirmó el jefe de Estado.
La declaración hace referencia al escándalo relacionado con dos predios que fueron donados por Cementos Argos al municipio de Puerto Colombia en 2009, con la condición de que fueran destinados exclusivamente a zonas verdes. Uno de ellos tiene una extensión de 5.082 metros cuadrados, mientras que el segundo alcanza los 33.637 metros cuadrados.
La cesión gratuita de estos terrenos, que posteriormente fueron objeto de cuestionamientos por su destinación, fue revelada inicialmente por Zona Cero y volvió a generar debate nacional después de que el presidente se refiriera públicamente al caso.
De La Espriella puso especial énfasis en el predio de 5.082 metros cuadrados, al señalar que habría estado destinado a la construcción de un parque infantil y que terminó siendo, según su denuncia, objeto de una apropiación irregular.
“Un terreno destinado para un parque infantil en Barranquilla fue apropiado irregularmente con la permisividad de funcionarios del ejecutivo, esto es para solo dar un ejemplo”, manifestó.
Aunque el terreno mencionado se encuentra en Puerto Colombia, el presidente lo utilizó para advertir sobre una problemática que, según dijo, trasciende un caso particular y estaría relacionada con redes que buscan apoderarse de terrenos públicos o de predios destinados al beneficio de las comunidades.
Para el mandatario, la responsabilidad no recaería únicamente sobre quienes intentan apropiarse de los bienes, sino también sobre los funcionarios que eventualmente faciliten o permitan este tipo de actuaciones desde las instituciones.
“Cuando un servidor público permite que un inescrupuloso se adueñe ilegalmente de un espacio, de un contrato, de una posición, destinada al bien común, está lesionando el vínculo moral entre los ciudadanos y quienes tienen el deber común de servirnos”, sostuvo.
La fuerte advertencia se produjo en medio de un discurso en el que De La Espriella aseguró que su administración pretende combatir la corrupción en todos los niveles, independientemente de la cuantía de los recursos involucrados o de las personas que puedan resultar comprometidas.
“La corrupción permeó todos los niveles, desde contratos millonarios, hasta la exfoliación de comunidades humildes”, señaló el mandatario durante su intervención.
En ese contexto, aseguró que su Gobierno tendrá una política de tolerancia cero frente a las actuaciones que afecten los bienes públicos y las instituciones.
“Mi gobierno tiene un compromiso claro e irrenunciable con el pueblo colombiano. Así como voy a combatir sin descanso a los terroristas, que amenazan la seguridad nacional, también lucharé sin temor con los corruptos que han expoliado el dinero del pueblo colombiano”, afirmó.
El presidente también anunció que quienes estén detrás de posibles actuaciones ilegales serán identificados y puestos a disposición de las autoridades competentes.
“Los voy a identificar, los voy a denunciar y los perseguiré hasta entregarlos a la administración de justicia”, enfatizó.
Las declaraciones de De La Espriella se producen apenas dos días después de su Consejo de Seguridad en Barranquilla, escenario en el que también lanzó una advertencia contra las organizaciones dedicadas al denominado ‘robo de tierras’ en el Atlántico.
En esa reunión, el mandatario pidió al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General de la Nación y a la Superintendencia de Notariado y Registro coordinar acciones para enfrentar a las estructuras que estarían detrás de la apropiación ilegal de terrenos.
“No voy a seguir tolerando el cartel de los tierreros”, manifestó en Barranquilla.
El jefe de Estado insistió además en que las investigaciones deben avanzar sin importar quiénes puedan resultar involucrados y dejó abierta la posibilidad de que funcionarios públicos sean llamados a responder si se demuestra que tuvieron participación o permitieron irregularidades.
“Que caiga el que tenga que caer en el ‘Cartel de Tierra’. Yo no vine a taparle nada a nadie”, aseguró.
De La Espriella también cuestionó que durante años no se haya logrado resolver de manera definitiva la problemática relacionada con la apropiación y comercialización irregular de terrenos en el departamento.
“Ese tema no se ha resuelto porque hay muchos intereses”, sostuvo.
El caso de los predios de Puerto Colombia queda así nuevamente en el centro del debate, mientras el Gobierno Nacional anuncia una estrategia para revisar posibles irregularidades relacionadas con tierras y determinar si existieron actuaciones de particulares o funcionarios que hayan afectado el patrimonio público.
Por ahora, las afirmaciones del presidente constituyen señalamientos públicos que deberán ser contrastados y, de ser el caso, establecidos mediante las respectivas investigaciones de las autoridades competentes.