Por décadas, el Morro de Gaira, el icónico islote que se alza en la bahía de El Rodadero, fue objeto de un litigio que involucró herederos de un empresario, resoluciones del Incora y decisiones del Consejo de Estado. Hoy, la historia parece cerrada: el Morro sigue siendo bien de uso público, inalienable e imprescriptible.
Todo comenzó hace casi 60 años, cuando el Incora adjudicó el Morro a Gustavo Díaz Segovia mediante un contrato de arrendamiento de diez años. Díaz Segovia habría pagado el canon por adelantado y levantó construcciones que hoy permanecen abandonadas. Durante más de 20 años, sus herederos reclamaron ser reconocidos como propietarios, alegando que el paso del tiempo y las inversiones realizadas les daban derecho a una indemnización superior a $121.000 millones.
El conflicto escaló hasta la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que en 2016 anuló las resoluciones del Incora, declarando que el Morro no podía ser objeto de apropiación privada al ser un bien de uso público. El fallo se basó en estudios de especialistas como el oceanógrafo Ricardo Parra Suárez y el geólogo marino Georges Vernette, que confirmaron su naturaleza como zona protegida dentro de la bahía.
Los herederos de Díaz Segovia argumentaron que la decisión del Consejo de Estado fue errónea y que la duración del proceso judicial, de más de 22 años, constituía una falla en la administración de justicia. Sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) defendió la nulidad de la adjudicación, explicando que la extensión del litigio obedeció a la complejidad del caso y la congestión del sistema judicial, y no a irregularidades.
El desenlace llegó el 17 de marzo de 2024, cuando el Tribunal Administrativo del Magdalena negó la demanda de reparación directa interpuesta por los herederos. Con esta decisión, se salvó al Estado colombiano de pagar más de 121 mil millones de pesos, y se reafirmó que el Morro de Gaira es patrimonio público, imprescriptible e inalienable.
El director de la Andje, César Palomino Cortés, destacó la relevancia de la sentencia: “Esta decisión protege el patrimonio público y garantiza que bienes de uso común, como el Morro Gaira, permanezcan bajo la titularidad del Estado. Nuestro compromiso es defender los intereses de la Nación con rigurosidad jurídica y técnica”.
Así, tras décadas de disputa, el Morro de Santa Marta permanece como un símbolo no solo de la ciudad y su bahía, sino también de la protección del patrimonio público frente a apropiaciones privadas. La historia, que parecía destinada a un desenlace millonario para particulares, terminó reafirmando la inalienabilidad de los bienes de uso público en Colombia.
