Un documento de 135 páginas entregado por el presidente Abelardo De La Espriella a las autoridades expone una serie de presuntas irregularidades detectadas durante el Gobierno de Gustavo Petro. El informe, denominado El libro de la verdad, reúne 126 casos inicialmente recibidos por el equipo de empalme, de los cuales 59 fueron priorizados y 23 quedaron identificados como posibles hechos de corrupción.
El propio presidente De La Espriella aclaró que el documento no pretende reemplazar las funciones de la justicia ni establecer culpabilidades. Según explicó, su objetivo es poner los hallazgos en conocimiento de las autoridades para que sean estas las encargadas de determinar si existieron responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.
El Gobierno aseguró que la investigación enfrentó dificultades para acceder a información durante el proceso de empalme y que buena parte de los datos fueron recopilados mediante fuentes públicas como el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, derechos de petición y documentación suministrada voluntariamente por funcionarios.
El informe identifica nueve comportamientos considerados críticos para el funcionamiento del Estado, entre ellos la pérdida de rigor técnico, problemas en la capacidad tecnológica, presunta opacidad en la información pública, parálisis operativa, concentración contractual, aumento del riesgo litigioso, pérdida de control territorial frente a economías criminales, fragmentación institucional y restricciones fiscales.
Los 23 casos priorizados abarcan numerosas entidades y sectores de la administración pública. Entre las instituciones mencionadas aparecen el Dapre, Essmar, Cenit, Fenoge, Electrohuila, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Nacional de Protección, Fontur, Codaltec, la Sociedad de Activos Especiales, Canal Trece, el ICBF, FonIgualdad, la Cancillería y la Agencia de Desarrollo Rural.
Uno de los capítulos que genera mayor atención está relacionado con la reforma agraria. Según el documento, la Agencia Nacional de Tierras y la SAE adelantaron operaciones para adquirir 537 predios mediante convenios y contratos interadministrativos, con desembolsos por aproximadamente 979.003 millones de pesos.
El informe sostiene que, pese al millonario desembolso, únicamente tres de esos predios habían sido debidamente titularizados. Frente a este caso, el Equipo Élite Anticorrupción aseguró haber presentado una denuncia penal, promovido una acción fiscal y preparado una queja disciplinaria.
Otro episodio señalado involucra al OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tenía programada una sesión para el 6 de agosto de 2026, un día antes del cambio de Gobierno. Allí se pretendían definir proyectos por cerca de 900.000 millones de pesos.
Ante la posibilidad de que se tomaran decisiones sobre estos recursos en vísperas del relevo presidencial, el Equipo Élite solicitó la intervención preventiva de la Procuraduría. El organismo de control pidió suspender la sesión y, finalmente, la reunión no habría contado con el cuórum necesario.
El Dapre también aparece en el informe por la expedición de la Resolución 478 del 6 de julio de 2026, mediante la cual se declararon hábiles varios fines de semana y días festivos para adelantar actuaciones contractuales, administrativas y presupuestales antes de la transición de Gobierno.
El acto administrativo fue demandado por el Equipo Élite ante el Consejo de Estado, que el 28 de julio suspendió provisionalmente sus efectos. De acuerdo con el documento, el tribunal consideró que la medida podía afectar los tiempos disponibles para presentar observaciones, ofertas y reclamaciones en procesos administrativos y contractuales.
Otro de los casos de mayor cuantía está relacionado con la contratación de una planta desalinizadora para Santa Marta, cuyo proceso tendría un valor cercano a los 786.000 millones de pesos. Las dudas planteadas alrededor de los estudios, costos y condiciones técnicas llevaron a la Procuraduría a solicitar la suspensión provisional del proceso adelantado por Essmar mientras se realizaba una revisión.
La contratación de servicios de ciberseguridad por aproximadamente 300.000 millones de pesos también fue incluida entre los casos bajo investigación. El proceso, administrado por Colombia Compra Eficiente, avanzaba durante las últimas semanas de la administración Petro y aparecía en Secop II con un presupuesto registrado de cero pesos.
Tras las alertas formuladas por el Equipo Élite y la presentación de una queja disciplinaria, el proceso fue suspendido antes de que se produjera una adjudicación.
El documento también menciona contratos relacionados con Cenit, Fenoge y Fontur, procesos de ciberseguridad, operaciones de compra de oro cuya trazabilidad habría generado dudas, intermediaciones de Canal Trece y 66 nombramientos provisionales realizados por el ICBF en un periodo de apenas siete días.
Varios de estos expedientes ya fueron trasladados a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que los organismos competentes adelanten las investigaciones correspondientes.
El Gobierno De La Espriella insiste en que El libro de la verdad no constituye una sentencia ni determina responsabilidades. Los señalamientos deberán ser contrastados con las entidades y funcionarios involucrados y serán las autoridades judiciales y de control las que establezcan si las actuaciones denunciadas configuraron irregularidades o delitos.
El documento, sin embargo, abre una nueva etapa de revisión sobre decisiones administrativas, contratos y manejo de recursos públicos durante el Gobierno anterior, mientras la actual administración busca que los casos priorizados avancen hacia investigaciones formales.