Con el fin de su periodo presidencial, Gustavo Petro entra en una nueva etapa jurídica frente a las investigaciones y sanciones que enfrenta en Estados Unidos, donde expertos consideran que las autoridades tendrían un mayor margen para avanzar en actuaciones judiciales y administrativas.
Uno de los frentes corresponde a una investigación preliminar que busca establecer si la campaña presidencial del exmandatario recibió recursos de origen ilícito. Según la información conocida, el caso es tramitado por las fiscalías de Florida y Nueva York, con el respaldo del FBI y la DEA.
Paralelamente, Petro permanece incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una medida administrativa impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que restringe la realización de negocios y operaciones financieras con personas y empresas estadounidenses.
Juristas consultados señalaron que, al dejar de ser jefe de Estado, desaparecen algunas consideraciones de inmunidad personal que protegían el ejercicio de su cargo, lo que facilitaría la práctica de diligencias como entrevistas, solicitudes de información y eventuales citaciones. Sin embargo, enfatizaron que esta circunstancia no representa una acusación formal ni supone una declaración de culpabilidad.
En cuanto a la permanencia de Petro en la Lista OFAC, los especialistas explican que la sanción seguirá vigente hasta que el Gobierno de Estados Unidos determine que ya no existen los motivos que dieron origen a la medida o el propio exmandatario logre demostrar, mediante el procedimiento correspondiente, que cumple con los requisitos para ser retirado del listado.
Por ahora, tanto las investigaciones como las sanciones continúan su curso en territorio estadounidense, mientras las autoridades competentes definen los próximos pasos dentro de cada proceso.