El debate político en el país se encuentra atrapado en un ciclo repetitivo donde la corrupción es el eje central de campañas y programas de gobierno. Como bien apunta Alfonso Gómez Méndez, no existe un solo candidato presidencial o mandatario que no haya incluido la lucha contra la corrupción en su agenda, ni uno solo que no prometa un nuevo «estatuto anticorrupción».
Sin embargo, el doctor Porfirio Castillo califica este fenómeno como un fetichismo normativo: la falsa creencia de que los problemas sociales se solucionan únicamente creando nuevas leyes. Para el constitucionalista, no se necesitan más normas; el Código Penal colombiano ya tipifica con total claridad los delitos contra la administración pública. El verdadero problema radica en la falta de aplicación de las leyes existentes y en el quiebre de los roles institucionales.
La desfiguración de los roles institucionales
Para Castillo, la corrupción germina cuando las distintas ramas del poder y los niveles de gobierno abandonan las funciones constitucionales que les corresponden por ley:
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El Congreso y el «ejercicio transaccional»: Los congresistas han desnaturalizado su labor. Su función constitucional es legislar con calidad y ejercer control político (recordando que juzgar a los aforados a través de la Comisión de Acusaciones es una función excepcional, no ordinaria). No obstante, se ha normalizado que los parlamentarios acudan al Ejecutivo a «buscar recursos o proyectos» para sus regiones. Esto genera un intercambio transaccional (compra de curules y votos) que da como resultado una pésima legislación, diseñada para favorecer a los financistas de las campañas y no a los ciudadanos.
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La inoperancia de gobernadores y alcaldes: El análisis sobre la autonomía territorial es severo: existe una «anarco-democracia municipal» que no funciona. Los alcaldes y gobernadores no ejercen la autonomía que les otorga la Constitución. Se ha perdido el rol del Departamento como intermediario técnico y transparente entre los municipios y la Nación.«Podríamos no tener alcaldes y no pasaría nada, podríamos no tener gobernador y dejaríamos de tener descentralizan regional y podríamos dejar de tener Congreso y entonces nos encontraríamos con que los congresistas se comprometieran en cumplir las competencias que les entrega la constitución y la ley, la de ser legisladores por un lado y la de ejercer control político, acordándonos nosotros que la comisión de acusaciones también en permanente crisis no forma parte de las competencias del Congreso sino que es una función excepcional que hacen para los aforados», puntualiza Castillo Zamroa.
La realidad local: abandono social y enriquecimiento express
El texto de Castillo aterriza la discusión teórica en realidades palpables del orden local y regional, donde la ineficiencia y la deshonestidad se traducen en el detrimento de la calidad de vida ciudadana:
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Servicios públicos y seguridad: Se critica cómo las administraciones locales permiten que sus calles se conviertan en basureros, a pesar de tener contratos vigentes con grandes operadores de aseo (como Triple A e Interaseo), reflejando una falta de interventoría y control. En seguridad, se evidencia una alarmante permisividad donde la delincuencia se apropia de los municipios ante la complacencia o inacción de los alcaldes.
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Infraestructura e indolencia ambiental: Se menciona un caso crítico en el Caribe: el desaprovechamiento y riesgo de pérdida del embalse del Guájaro (con sus 160 hectáreas de lámina de agua), una infraestructura vital cuya crisis se agudiza en fenómenos climáticos como El Niño, poniendo en riesgo el entorno y la convivencia del sur del departamento (Atlántico). Esto se suma al panorama generalizado de obras inconclusas que terminan costándole al bolsillo del ciudadano.
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Enriquecimiento ilícito visible: El constitucionalista señala el fenómeno del enriquecimiento ilícito a nivel local como algo ostensible: mandatarios que llegan «en chancletas» (vendiendo hospitales y factores de poder antes de elegirse) y al mes y medio se transportan en vehículos de alta gama («cuatro puertas»), ante una ciudadanía que, en lugar de sancionar socialmente estos actos, a menudo los convalida o aplaude.
Un problema estructural de pesos y contrapesos
Finalmente, el escrito equilibra el diagnóstico al aclarar que el diseño del Estado en la Constitución de 1991 es robusto, pero el entramado institucional que debe controlarlo está viciado.
El principio de colaboración armónica: El poder del Estado es uno solo, dividido en ramas que deben ostentar una estricta vocación de independencia, pero que están obligadas por mandato constitucional a la colaboración interinstitucional coordinada. Cuando este principio se rompe, la corrupción permea transversalmente al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial.
El punto más ciego del sistema radica en el diseño de los juicios a aforados, configurado casi como un pacto de no agresión: los congresistas son juzgados por la Corte Suprema de Justicia, pero los magistrados de las Altas Cortes son juzgados inicialmente por los congresistas en la Comisión de Acusaciones. Este diseño circular fomenta que las instituciones terminen hechas «las unas para proteger a las otras».
La tesis del doctor Porfirio Castillo es clara: la lucha contra la corrupción en Colombia no requiere de más burocracia ni de más estatutos de papel. Exige un retorno ético y estricto a las competencias que la Constitución le asigna a cada funcionario, el fin del cabildeo de recursos por parte de los legisladores, y un sistema real de pesos y contrapesos indispensables para edificar una sociedad equitativa donde los derechos ciudadanos no sean negociables.