En cualquier democracia medianamente madura, las reglas del juego son sagradas. La más elemental de ellas dicta que quien ostenta el máximo poder del Estado debe actuar como un árbitro neutral durante los comicios, garantizando que la cancha esté nivelada para todos los competidores. Sin embargo, en la actual carrera presidencial, el presidente Gustavo Petro parece haber olvidado su rol institucional para convertirse en el delantero estrella de su propio proyecto político. Lo que estamos presenciando no es solo un estilo de comunicación confrontacional; es, llanamente, proselitismo oficial.
La Constitución colombiana no es ambigua al respecto. La prohibición de que el Jefe de Estado intervenga en política no es un capricho legalista, sino un blindaje indispensable contra los abusos del hiperpresidencialismo. Cuando el mandatario utiliza sus redes sociales para amplificar cierres de campaña de sus aliados, lanza dardos despectivos a la oposición o recurre al «nosotros» al vaticinar resultados electorales en plazas públicas, rompe ese blindaje. El mensaje que se envía es peligroso: las normas solo se respetan cuando conviene.
«El Presidente de la República no es un ciudadano común en época electoral; es una figura que concentra el poder administrativo, presupuestal y simbólico de la nación. Su voz inclina la balanza.»
Las alarmas ya no provienen únicamente de las filas de la oposición. La apertura de diez investigaciones de oficio en la Comisión de Acusación de la Cámara y el dossier de casi veinte evidencias presentado por la candidata Claudia López —que detalla el presunto uso de medios públicos y escenarios institucionales para favorecer al Pacto Histórico— configuran un panorama judicialmente insostenible. A esto se suma la sospecha más grave: que la contratación pública del nivel central esté siendo direccionada para aceitar maquinarias electorales en las regiones. De las arengas en Twitter hemos pasado, aparentemente, a las dinámicas del presupuesto.
Minimizar estas conductas bajo la narrativa del «ataque de los medios tradicionales» o el «estilo personal del presidente» es un error histórico. Una democracia no se debilita solo por golpes de Estado ruidosos; se debilita, sobre todo, por la erosión silenciosa y cotidiana de sus instituciones. Si el propio guardián de la Constitución desafía los límites que esta le impone, ¿con qué autoridad moral se le exigirá juego limpio al resto de los actores políticos?
El escenario de una inminente segunda vuelta electoral ya anticipa un clima de alta polarización y crispación social. Lo último que necesita el país en este momento de tensión es a un Presidente de la República en campaña activa, utilizando el balcón presidencial como tarima electoral. Es hora de que el mandatario recuerde que fue elegido para gobernar a todos los colombianos, no para coordinar la estrategia digital ni el destino en las urnas de su partido. Respetar los límites del poder es el primer deber de un demócrata.