Un grave caso que enciende las alarmas sobre la seguridad financiera en el país se conoció en La Dorada, donde una empleada bancaria fue judicializada por presuntamente suministrar información confidencial de clientes a una red criminal que operaba desde centros penitenciarios.
Según la Fiscalía General de la Nación, la mujer, identificada como Queila Maryuri Orozco Trujillo, habría sostenido más de 670 comunicaciones con integrantes de esta estructura ilegal, entregando datos clave de usuarios que accedían a créditos.
De acuerdo con la investigación, esta información era utilizada por los delincuentes para contactar rápidamente a las víctimas, intimidarlas y exigirles dinero mediante extorsiones. En algunos casos, incluso suplantaban su identidad para tramitar productos financieros, aumentando el alcance del fraude.
Las autoridades también señalaron que la procesada alertaba a los cabecillas sobre el momento exacto en que se realizaban los desembolsos, lo que facilitaba que las extorsiones se ejecutaran casi de inmediato.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión, cargos que no fueron aceptados por la acusada. El caso deja en evidencia las vulnerabilidades en el manejo de información sensible y la necesidad de reforzar los controles dentro del sistema financiero.