Desde Barranquilla, Abelardo De La Espriella lanzó un contundente pronunciamiento sobre la inseguridad y la extorsión que afectan a comerciantes, transportadores y habitantes del área metropolitana y otros municipios del Atlántico.
El dirigente político sostuvo que el pago de extorsiones no puede convertirse en una práctica habitual y reclamó una respuesta más contundente del Estado frente a las estructuras criminales dedicadas a este delito.
Durante su intervención, De La Espriella dirigió un mensaje especialmente fuerte contra quienes continúen vinculados a actividades extorsivas y rechazó cualquier posibilidad de normalizar este tipo de conductas.
“No podemos normalizar el pago de la extorsión”, afirmó.
En medio de su pronunciamiento, también utilizó una expresión de alto impacto para referirse a los integrantes de organizaciones criminales que, según dijo, no estén dispuestos a someterse a la justicia.
“A los extorsionistas que no se quieren someter a la ley les aconsejo adquirir un auxilio funerario porque les vamos a dar de baja. La paz total se acabó; después del 7 de agosto se van a convencer de que no estoy jugando”.
El dirigente aseguró además que su eventual estrategia de seguridad tendría entre sus prioridades la ofensiva contra las organizaciones criminales que operan en el Caribe colombiano.
“En Barranquilla, Soledad, Malambo y todo el Atlántico vamos a ir por ellos. Se acabó el jueguito de estas bandas criminales”, manifestó.
La extorsión, una de las principales preocupaciones en el Atlántico
Las declaraciones se producen en un contexto de preocupación entre comerciantes y empresarios de Barranquilla y municipios como Soledad y Malambo por el impacto de la extorsión.
El delito afecta especialmente a establecimientos comerciales, transportadores y pequeños empresarios, quienes han reclamado mayores acciones de las autoridades para enfrentar a las estructuras responsables de las amenazas y cobros ilegales.
En los últimos años, las autoridades han desplegado operativos, capturas y acciones de inteligencia para identificar a los responsables de estos hechos y desarticular las organizaciones que ejercen presión sobre diferentes sectores económicos.
Un discurso de seguridad más severo
El pronunciamiento de De La Espriella se suma a los planteamientos que ha realizado alrededor de una política de seguridad basada en una mayor ofensiva contra las organizaciones criminales.
Sus declaraciones han generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores consideran que el Estado debe adoptar posiciones más firmes frente a la extorsión y otros delitos, también existen cuestionamientos sobre el lenguaje utilizado y la necesidad de que cualquier política de seguridad se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley.
La discusión sobre cómo enfrentar la extorsión continuará siendo uno de los principales desafíos para las autoridades del Atlántico, particularmente en Barranquilla y su área metropolitana, donde comerciantes y ciudadanos reclaman resultados concretos frente a las amenazas de las estructuras criminales.