El caso de corrupción que ha sacudido los cimientos de la administración de Gustavo Petro ha dejado de ser un asunto estrictamente doméstico. En un giro estratégico con tintes de thriller político, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ahora proyecta su sombra sobre los pasillos del poder en Washington.
La ofensiva internacional de Sneyder Pinilla
El exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, ha decidido jugar su carta más ambiciosa: la internacionalización de su matriz de colaboración. A través de una carta formal, Pinilla ha solicitado una reunión de urgencia con figuras clave de la política exterior estadounidense, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, y a los congresistas Bernie Moreno y María Elvira Salazar.
¿El objetivo? Entregar de primera mano un arsenal de pruebas que, según él, demostrarían cómo operaba una presunta red de corrupción enquistada en el Ejecutivo colombiano.
«He tenido conocimiento de hechos, circunstancias, rutas de decisión, movimientos de recursos y actuaciones de altos funcionarios (…) que permitirían comprender la dimensión real de una estructura de corrupción», se lee en el documento enviado por el exfuncionario.
La oferta de Pinilla al gobierno norteamericano no es menor y se centra en cuatro ejes clave:
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Rutas de dinero: Evidencia de posibles movimientos financieros internacionales vinculados a fondos públicos colombianos.
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Tráfico de influencias: Detalle de las redes de poder y toma de decisiones que desviaron los recursos del Estado.
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Documentación clasificada: Papeles institucionales y transacciones bancarias obtenidas durante su gestión y posterior proceso con la Fiscalía colombiana.
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Seguridad nacional: Información relevante para las agencias federales de EE. UU. sobre los riesgos asociados a la corrupción pública en la región.
Esta maniobra busca elevar el costo político del escándalo, transformando un expediente de sobrecostos en contratos locales —como el de los carrotanques de La Guajira— en un debate de interés binacional y diplomático.
Frente interno: Olmedo López dobla la apuesta en Bogotá
Mientras Pinilla mira hacia el norte, su antiguo jefe en la UNGRD, Olmedo López, prefiere cerrar frentes judiciales en Colombia. En un movimiento coordinado por su defensa, un juez de Bogotá avaló formalmente el allanamiento a cargos del exdirector general.
Con esta aceptación de responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, López se salta la etapa de juicio común y asegura una sentencia anticipada. Sin embargo, este no es un final de camino; es un repliegue estratégico para mantenerse como el «testigo estrella» de la Fiscalía.
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La condena estimada: Se proyecta una pena que oscilará entre los 5 y 7 años de prisión.
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La sanción económica: Una multa que rondará los 14.000 millones de pesos.
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La fecha clave: El próximo lunes 7 de septiembre, el juez emitirá el fallo definitivo con el monto exacto de la pena.
López ya ha dejado claro que su ventilador seguirá encendido en contra de ministros, congresistas y altos mandos de la política nacional que se habrían beneficiado del desvío de recursos estatales.
El tablero político queda así en un escenario de doble presión: mientras la justicia colombiana le pone fecha de caducidad a la libertad de los cabecillas, las agencias de los Estados Unidos evalúan si abren sus archivos para recibir los secretos mejor guardados de la corrupción en la UNGRD.