La Asociación Sindical de Docentes, Directivos y Trabajadores (ADT) presentó una queja formal ante la Superintendencia Nacional de Salud, denunciando irregularidades graves en la Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico. Según el sindicato, la entidad no garantiza la prestación oportuna y continua de los servicios médicos a sus afiliados, comprometiendo el derecho fundamental a la salud.
En el documento remitido a la autoridad sanitaria, la ADT señala que faltan contratos con personal médico, asistencial y administrativo, así como con prestadores externos como IPS, laboratorios y especialistas. Esto ha generado cancelaciones de citas, demoras injustificadas y falta de continuidad en tratamientos médicos, afectando especialmente a los adultos mayores con enfermedades crónicas y de alto costo.
El sindicato solicita a la Superintendencia:
- Realizar inspección y vigilancia sobre la contratación y red de prestadores.
- Adoptar medidas preventivas y correctivas inmediatas.
- Garantizar la continuidad de tratamientos de alto riesgo.
- Evaluar posibles sanciones administrativas a la unidad.
“La situación descrita no puede prolongarse sin comprometer seriamente la vida y la salud de los usuarios”, concluye el comunicado sindical.
Protesta de catedrático Federico Santodomingo
En medio de la crisis, el destacado docente catedrático y presidente del Sindiocato, Federico Santodomingo protagonizó una protesta frente a la EPS el jueves 26 de febrero, exigiendo respuestas por las deficiencias del servicio de salud. Santodomingo reclamó la presencia de la dirección de la unidad y rechazó atenderse con subalternos, dejando en evidencia la insatisfacción de los socios y afiliados con la administración actual.

Polémica por concurso docente y riesgo de politización
El sindicato también advierte sobre la posible politización del nuevo concurso docente anunciado por la universidad, tras nueve años sin convocatorias. El rector encargado, Rafael Castillo, anunció la apertura de un proceso para cubrir 100 vacantes, pero docentes como Fernando Cabarcas, representante ante la Comisión de Vigilancia de la Carrera Administrativa, señalan que la prioridad debe ser regularizar la situación laboral de profesores catedráticos y ocasionales que llevan 10 a 15 años en contratos temporales.
Cabarcas cuestiona además la influencia de intereses políticos en el proceso y denunció su exclusión de dos reuniones de la Comisión de Vigilancia, pese a ser representante elegido democráticamente:
“El señor rector me viene desconociendo como representante, lo que compromete sus funciones administrativas y podría derivar en responsabilidades disciplinarias e incluso penales”, afirmó.
El docente recordó que la autonomía universitaria, consagrada por la Constitución, debe garantizar independencia frente a intereses partidistas, evitando que la institución se convierta en un instrumento político.
La situación evidencia un clima de crisis administrativa y financiera en la Universidad del Atlántico, mientras docentes y trabajadores exigen medidas urgentes que protejan tanto la salud de los afiliados como la integridad del proceso académico.

