La Fiscalía General de la Nación continuará con las investigaciones que involucran al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos José María Valle y el caso de la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia.
La decisión se conoce después de que la Sala Plena de la Corte Constitucional resolviera, con una votación de siete magistrados contra dos, declararse inhibida para estudiar el conflicto de competencias que había sido puesto a su consideración.
La votación dejó derrotada la ponencia que buscaba trasladar el expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La propuesta había sido presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. La decisión mayoritaria acogió la ponencia de la magistrada Paola Meneses. Los magistrados Ibáñez y Carlos Camargo salvaron su voto.
¿Por qué la Corte se declaró inhibida?
El alto tribunal consideró que no estaban acreditados los presupuestos normativo y objetivo necesarios para resolver un conflicto de competencias. En términos prácticos, concluyó que la controversia no cumplía los requisitos jurídicos para emitir una decisión de fondo.
Por esa razón, la Corte no determinó cuál de las dos entidades debía asumir el expediente mediante un pronunciamiento sobre el fuero del expresidente. Al quedar sin resolver el conflicto, la investigación continuará en la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho que venía adelantando las diligencias.
La disputa surgió después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara solicitara el expediente. La defensa de Uribe había planteado que parte de las conductas investigadas, particularmente la presunta participación en el delito de concierto para delinquir agravado, se habría extendido hasta 2003, cuando él ya ejercía la Presidencia de la República. Ese argumento fue utilizado para reclamar la intervención de la Comisión.
La Fiscalía defendió su competencia al sostener que los hechos centrales de la investigación corresponden a periodos anteriores, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
Los hechos que están bajo investigación
El expediente incluye varios episodios de violencia ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa:
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Masacre de La Granja: ocurrió el 11 de junio de 1996 en el corregimiento de La Granja, municipio de Ituango. Cinco personas fueron asesinadas por integrantes de grupos paramilitares.
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Masacre de El Aro: fue perpetrada en octubre de 1997, también en Ituango. Allí fueron asesinados 17 campesinos y se produjeron desplazamientos, destrucción de viviendas y otros hechos violentos.
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Asesinato de Jesús María Valle Jaramillo: el defensor de derechos humanos fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín. Antes de su muerte había denunciado la actuación de grupos paramilitares en Ituango y presuntas omisiones de las autoridades frente a esos crímenes.
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Hacienda Guacharacas: la investigación también examina presuntos vínculos entre ese predio, que perteneció a la familia Uribe, y la conformación y operación de estructuras paramilitares, entre ellas el Bloque Metro. El expediente incluye hechos relacionados con la masacre de San Roque, ocurrida en 1996.
Cuando ocurrieron las masacres de La Granja y El Aro, Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, cargo que ocupó entre 1995 y 1997. La Fiscalía busca establecer si tuvo alguna participación en los hechos investigados y si existieron responsabilidades penales relacionadas con la actuación de estructuras paramilitares.
¿Qué viene ahora para el expresidente?
En junio de 2026, la Fiscalía avanzó en la vinculación de Uribe a esta investigación mediante una citación a indagatoria, diligencia que se realizó en julio, según los reportes conocidos sobre el expediente. La actuación busca esclarecer las posibles responsabilidades del exmandatario frente a los hechos que se investigan.
Con la decisión de este lunes 9 de noviembre, el proceso seguirá bajo responsabilidad de la Fiscalía, que podrá continuar con la práctica de pruebas y las actuaciones previstas dentro de la investigación.
La determinación de la Corte Constitucional tiene un alcance estrictamente procesal: no declaró responsable a Álvaro Uribe, tampoco lo exoneró ni resolvió si tuvo participación en las masacres o en el homicidio de Jesús María Valle. El expediente continúa abierto y las posibles responsabilidades deberán establecerse dentro del proceso judicial.
