La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por cerca de $9.000 millones relacionados con un contrato de consultoría suscrito en 2025 por el Ministerio de Agricultura con el Consorcio AUDIVIV.
El contrato tenía como propósito verificar el estado del programa de subsidios de vivienda rural que fue otorgado y operado por el Banco Agrario de Colombia entre los años 2000 y 2017.
Los hallazgos identificados por el organismo de control están relacionados con la ejecución de esa consultoría, cuyo objeto era revisar la situación del programa de vivienda rural durante ese periodo.
La determinación fiscal abre la posibilidad de establecer responsabilidades por un eventual daño a los recursos públicos. El alcance de las observaciones y las personas o entidades vinculadas deberán conocerse con el desarrollo de las actuaciones correspondientes.








