La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $21.000 millones en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Santa Marta, tras una Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Transporte sobre los recursos públicos del orden nacional transferidos al proyecto.
Según el informe del ente de control, el hallazgo más significativo asciende a $19.840 millones, con presunta incidencia disciplinaria, y está relacionado con un contrato suscrito en 2023 para la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario del SETP.
La Contraloría advirtió que, pese a haberse pagado la totalidad del contrato, al 31 de junio de 2025 no se evidenciaba la entrega ni la puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos, lo que impidió el cumplimiento del objeto contractual. En palabras del organismo, el sistema fue cancelado, pero nunca entró en operación.
A este monto se suma un segundo hallazgo fiscal por $1.250 millones, también con posible incidencia disciplinaria, relacionado con el contrato de interventoría. El ente de control señaló que la interventoría incumplió sus obligaciones contractuales y normativas, al no advertir ni reportar oportunamente las fallas en la ejecución del proyecto, ni recomendar medidas correctivas o sancionatorias, a pesar de haber avalado los pagos.
La auditoría evaluó los recursos correspondientes a las vigencias 2023 y el primer semestre de 2025, en el marco del convenio de cofinanciación entre el Ministerio de Transporte y el Distrito de Santa Marta. Como resultado, se evidenciaron serias deficiencias en la supervisión y el seguimiento, tanto por parte del Ministerio como del Ente Gestor del SETP.
Uno de los puntos más críticos señalados por la Contraloría fue la entrega irregular del Sistema de Operación, la cual se habría realizado de forma virtual, sin un acta técnica formal que certificara de manera detallada los elementos entregados, sus identificaciones y especificaciones, tal como lo exigía el contrato.
Además, el informe concluye que, tras revisar los documentos de interventoría, supervisión y ejecución contractual, el Sistema de Operación del SETP de Santa Marta no se encuentra en funcionamiento, pese a que los recursos ya fueron desembolsados.
El caso queda ahora en manos de las instancias fiscales y disciplinarias correspondientes, mientras crecen los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos destinados a mejorar la movilidad y el transporte urbano en la capital del Magdalena.