Las alarmas se encendieron en el sector rural del municipio de Remolino, Magdalena. Un nutrido grupo de campesinos de la zona protagonizó una movilización pacífica para sentar una voz de protesta y exigir de manera contundente que se priorice a las familias autóctonas en los programas de reforma agraria y adjudicación de tierras liderados por el Gobierno Nacional.
El detonante: Familias «importadas» en predios locales
El malestar de las asociaciones campesinas se originó tras conocerse la presunta asignación de cerca de 1.200 hectáreas de tierras productivas a núcleos familiares que, según las denuncias de los manifestantes, no residen en la jurisdicción ni guardan arraigo histórico con el municipio.
Los reclamos de la comunidad:
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Falta de arraigo: Aseguran que los beneficiarios actuales son foráneos.
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Vulneración de derechos: Consideran injusto que se desplace a los aspirantes locales que por décadas han esperado una oportunidad de acceso a la tierra.
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Opacidad en el proceso: Exigen conocer las actas y las hojas de vida de los seleccionados por el Estado.
S.O.S. Institucional: Clamor por una mesa de diálogo
Para destrabar el conflicto y evitar que la situación escale a vías de hecho, los líderes de la movilización solicitaron formalmente una mesa técnica urgente. El llamado está dirigido a un bloque institucional clave:
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Agencia Nacional de Tierras (ANT): Para que clarifique los criterios de selección.
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Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC): Como garante del proceso gremial.
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Alcaldía y Personería de Remolino: Para que actúen en defensa de los intereses de su población vulnerable.
«Buscamos transparencia. No estamos en contra de la entrega de tierras, pero la prioridad histórica de estos predios debe ser para quienes hemos labrado y sufrido el territorio en Remolino», enfatizó uno de los voceros durante la jornada.
Silencio administrativo
La manifestación, que se prolongó por varias horas en completa calma y sin alteraciones del orden público, concluyó con un ultimátum pacífico a las autoridades competentes.
Hasta el momento, ni la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ni la administración municipal han emitido un pronunciamiento oficial para aclarar bajo qué parámetros se entregaron las 1.200 hectáreas o si se revisará el censo de beneficiarios en esta parte del departamento del Magdalena.