Cuando parecía que la sede de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en Barranquilla, enderezaba el rumbo luego de la destitución en octubre del año pasado de la Coordinadora Regional Norte, Alexandra Marthe Manjarrés, como consecuencia de su cuestionada y polémica administración, las innumerables quejas de las familias buscadoras y de las organizaciones sociales hacia su discreta gestión, y los pobres resultados operativos alcanzados en materia de investigación y búsqueda humanitaria en los dos años que estuvo al frente de esta oficina, la UBPD vuelve a estar en la picota pública como consecuencia de comportamientos de acoso laboral -hasta ahora desconocidos- y amañados nombramientos presentados allí.
Lo que más llama la atención de este «movimiento polémico de fichas» es que una profesional con más de 20 años de experiencia laboral en temas de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Restaurativa y Transicional, como lo es Ella Del Castillo, quien goza además de un amplio y positivo reconocimiento entre las autoridades, organizaciones sociales y familias víctimas del conflicto armado de la Región Caribe, haya sido objeto de un acoso laboral premeditado y sistemático durante la administración de Alexandra Marthe, para forzarla a cederle su cargo a Adrián Estrada, el alfil más leal y consejero incondicional de la destituida Coordinadora Regional Norte.
Este plan de persecución contra la funcionaria y madre cabeza de familia (progenitora de dos niños autistas) generó su incapacidad médica indefinida como consecuencia de un severo cuadro de ansiedad y depresión -seguimiento psiquiátrico-, y que después de 1 año no le ha permitido retornar a sus labores de forma presencial y full time.
Un aspecto no menor para tener en cuenta es que el nuevo Coordinador de la Territorial Atlántico tan solo tiene dos años en la Unidad de Búsqueda, periodo en el que desempeñó una función home office como contratista relacionada con la implementación de la estrategia de Prevención y Protección -pese a no tener al momento de su escogencia la experiencia requerida para el cargo-.
Cabe destacar que el nuevo Coordinador de la Territorial Atlántico tampoco ha manejado a lo largo de su vida laboral casos de desaparición forzada en este territorio, ni ha tenido una interlocución cercana con personas buscadoras y organizaciones sociales de la Región Caribe que representan a familias golpeadas por este flagelo; además, no conoce en detalle el marco legal que rige a las víctimas del conflicto armado de nuestro país, factores clave para realizar una gestión efectiva y eficiente, y que hoy más que nunca «pide a gritos» respuestas y resultados concretos en esta zona del país.
Por qué las directivas nacionales de la UBPD callaron y permitieron que una práctica non sancta como lo es el acoso laboral echara raíces y germinara en esta sede hasta el punto de afectar la salud mental de Ella Del Castillo, una de sus mejores funcionarias? Por qué la Unidad de Búsqueda incurre nuevamente en nombramientos burocráticos y nepotistas que parecían cosa del pasado y que además de impactar negativamente el clima organizacional, terminan por entorpecer a corto, mediano y largo plazo un proceso tan complejo que demanda mano de obra altamente calificada en el campo de la investigación y búsqueda humanitaria?
Si la entidad cuenta con funcionarios que vienen ejerciendo desde hace cinco años como investigadores en las oficinas de Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo y Montería, y eran candidatos idóneos para ejercer un cargo como Coordinador de la Territorial Atlántico, lo cual hubiera representado para ellos una excelente promoción profesional -como lo establece la meritocracia-, por qué no fueron tenidos en cuenta para ocupar esta plaza? Será porque ellos están sindicalizados o porque simplemente no cuentan con el visto bueno de Alexandra Marthe, quien al parecer sigue «hablándole al oído» a la Directora Nacional de la entidad, Luz Janeth Forero, para la toma de decisiones de esta índole.
Las familias buscadoras de la región y el panorama desolador e incierto que afrontan
Como lo han dado a conocer diferentes medios de comunicación locales, regionales y nacionales en el último tiempo, existe un inconformismo generalizado entre las familias del territorio que buscan desde hace décadas a sus queridos desparecidos en el marco del conflicto armado y que a la fecha aún no reciben por parte de la Unidad de Búsqueda respuestas y resultados concretos sobre sus procesos de búsqueda.
Los casos de Jorge Franco Argumedo (desaparecido en 1987 en Pivijay, Magdalena), Rafael Rodríguez Arnedo y Julio Gómez Támara (ambos desaparecidos en 1992 en Barranquilla), Alejandro Hernández Van Strahlen (desaparecido en 1996 en Barranquilla) -caso emblemático por su sobresaliente labor como dirigente sindical de la Región Caribe (su desaparición fue denunciada ante instancias internacionales)- y los hermanos Santana Páez (desaparecidos en el 2001 en Ciénaga, Magdalena), son «la punta del iceberg» de cientos de casos que siguen en el limbo y de los que hasta el momento no hay un ápice de información.
El pasado 30 de agosto de 2025, durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en Barranquilla, la Secretaria Técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) – Capítulo Atlántico, Rosario Montoya, indicó que en los 9 años de funcionamiento de la UBPD en Barranquilla, tan solo se han entregado dignamente 3 cuerpos y solo 3 personas han sido encontradas con vida, cifras lamentables que demuestran el grave y vergonzoso rezago de esta sede frente a otras del resto del país.
Y ni qué decir del desazón y la frustración entre las familias buscadoras por algunas decisiones administrativas equivocadas tomadas por la entidad en el último tiempo como: el traslado de la sede a una zona bancaria del norte de Barranquilla, la terminación del contrato con la empresa de vigilancia que prestaba sus servicios en esta oficina y que velaba por la protección de este público altamente vulnerable y el nombramiento «a dedo» de funcionarios y contratistas que no cuentan con el perfil idóneo o con la experiencia laboral suficiente para ciertas funciones.
Según fuentes confiables bien informadas, Adrián Estrada estuvo al frente del proceso de búsqueda del local para la nueva sede y fue determinante en la escogencia del «minúsculo» espacio -que se asemeja más a un call center- y que no brinda las condiciones ideales en materia de confidencialidad y seguridad requeridas para la atención de víctimas del conflicto armado; además, funciona en uno de los centros financieros más concurridos de esta capital, factor intranquilizante para personas que quieren manejar un bajo perfil, ya que han vivido en carne propia los embates del conflicto armado. Vale anotar que el nuevo Coordinador de la Territorial Atlántico también participó en el estudio operativo que definió la no continuidad de la compañía que prestaba el servicio de vigilancia allí.
El universo de las personas dadas por Desaparecidas en el departamento del Atlántico es de 1.436 mientras que en el Magdalena es de 4.704. (Corte: diciembre de 2025)