La Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo contundente que cierra un capítulo oscuro de la política guajira. El alto tribunal sentenció al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, a una pena de 380 meses de prisión (equivalentes a más de 31 años), al hallarlo responsable como determinador del homicidio de Luis Gregorio López Peralta, quien para el momento de los hechos ejercía como concejal del municipio de Barrancas.
El peso de la condena
La decisión del máximo tribunal de justicia ordinaria no solo priva de la libertad al exmandatario, sino que impone sanciones económicas y políticas significativas, subrayando la gravedad de los delitos cometidos.
| Sanción | Medida |
| Pena privativa de libertad | 380 meses (aprox. 31 años y 8 meses) |
| Multa económica | 14.000 salarios mínimos legales vigentes |
| Inhabilidad política | 120 meses (10 años) para ejercer cargos públicos |
Un fallo con trasfondo estructural
Más allá de la responsabilidad individual por el asesinato del concejal López Peralta, la sentencia de la Corte Suprema trasciende el caso específico. El alto tribunal ha determinado que este crimen fue parte de un engranaje mayor de violencia e intimidación.
«Este caso refleja no solo un crimen individual, sino también un contexto más amplio de violencia, intimidación y accionar de estructuras armadas que afectaron la región, generando temor en la población y en actores políticos locales», señala el fallo.
Con esta resolución, el sistema judicial reconoce la existencia de un patrón de violencia sistemática que fue instrumentalizado en La Guajira, donde la eliminación física de opositores o figuras políticas era utilizada como herramienta de control territorial y político.
Un avance para la justicia regional
La condena ha sido calificada por expertos y veedores ciudadanos como histórica. Para el departamento de La Guajira, este fallo representa un avance crucial en la búsqueda de verdad y justicia frente a la victimización de líderes políticos que, en su momento, sufrieron el acecho de grupos armados ilegales aliados con sectores del poder local.
El exgobernador ‘Kiko’ Gómez deberá ahora cumplir esta pena en un centro carcelario, mientras la sociedad guajira recibe este fallo como una señal de que los actos de violencia política, sin importar quién los ordene o el cargo que ostenten, no gozan de impunidad ante las altas cortes.
La defensa del condenado podrá interponer los recursos de ley, pero la contundencia de la sentencia de la Sala de Casación Penal marca un precedente claro sobre la responsabilidad de los mandatarios en los crímenes cometidos bajo su influencia.