BOGOTÁ — Las tensiones políticas entre el Palacio de Liévano y la Casa de Nariño han sumado un nuevo y crítico capítulo, esta vez con el sistema sanitario como campo de batalla. La Secretaría de Salud de Bogotá, en cabeza de Gerson Bermont, ha calificado de «persecución política» y de «intervenciones abusivas» la sorpresiva auditoría integral desplegada por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) en sus instalaciones.
El detonante del conflicto expone una preocupante paradoja: la fiscalización exprés del ente nacional se ejecutó inmediatamente después de que el Distrito exigiera el cobro de una millonaria deuda que asfixia a los hospitales de la capital.
[ EL DETONANTE FINANCIERO ]
Bogotá exige pago de deudas a EPS intervenidas
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▼ (Monto: $417.000 millones)
Supersalud responde con Auditoría Sorpresa al Distrito
El origen de la discordia: Una cartera de $417.000 millones
La fricción institucional escaló a niveles críticos cuando el Distrito solicitó formalmente el respaldo de la Supersalud para obligar a los interventores de las EPS controladas por el Gobierno a ponerse al día con sus obligaciones financieras. De acuerdo con los balances revelados por Bermont, estas entidades acumulan un pasivo de $417.000 millones de pesos con la red hospitalaria pública y privada de Bogotá.
Lejos de encontrar un puente de mediación, la respuesta del organismo nacional de control fue el desembarco inmediato de sus auditores en las oficinas distritales, un movimiento interpretado por la administración local como una represalia punitiva.
«Total desconfianza en la imparcialidad»
Ante lo que considera una flagrante falta de garantías y neutralidad, el secretario Bermont rompió amarras institucionales y anunció que ha solicitado la intervención urgente y preventiva de la Procuraduría General de la Nación.
“Somos respetuosos de la ley y de la competencia de la Supersalud para vigilarnos, pero la total desconfianza en su imparcialidad nos obliga a pedir la protección preventiva de la Procuraduría”, sentenció de manera contundente el jefe de la cartera de Salud de la capital.
A través de un detallado informe, el funcionario expuso el histórico de desencuentros que sustentan la desconfianza del gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán:
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El retroceso de la Subred Centro Oriente: Al inicio del periodo distrital, Bogotá presentó un plan de salvamento estructural. El Gobierno Nacional optó por intervenir dicha subred y, al devolverla al Distrito, esta registraba un alarmante déficit presupuestal de $300.000 millones de pesos.
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Cinco cartas al vacío: Bermont aseguró haber remitido cinco misivas formales a los cinco superintendentes que han desfilado por la actual administración nacional exigiendo proteger las finanzas hospitalarias. «No solo han sido ignoradas, sino que han merecido su respectiva auditoría», denunció.
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Ruptura en operativos estéticos: El más reciente choque operativo se dio en las inspecciones a centros estéticos en la ciudad. Pese a que se pactaron acciones conjuntas, la Supersalud ejecutó medidas unilaterales, excluyó al personal técnico de Bogotá y respondió abriendo una nueva indagación contra el Distrito.
| Indicador Institucional | Balance del Conflicto de Salud |
| Deuda de EPS intervenidas con Bogotá | $417.000 millones COP |
| Déficit heredado en Subred Centro Oriente | $300.000 millones COP |
| Comunicaciones oficiales sin respuesta | 5 cartas a 5 superintendentes |
| Acción jurídica del Distrito | Solicitud de acompañamiento a la Procuraduría |
Un panorama de incertidumbre institucional
Mientras se aguarda un pronunciamiento oficial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud que justifique los alcances de la inspección sorpresa, la salud de millones de bogotáneos queda atrapada en el fuego cruzado de un pulso estrictamente político. El llamado de urgencia a la Procuraduría busca trazar una línea de defensa institucional frente a lo que el Distrito califica como una «constante amenaza» a su autonomía administrativa y financiera.