El uso de servicios de internet y telefonía móvil dentro de las cárceles llevó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a formular cargos contra cinco empresas del sector. Las investigaciones buscan determinar si incumplieron las obligaciones legales para restringir las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios.
Una de las compañías investigadas es Starlink Colombia S.A.S. La actuación comenzó después de que las autoridades encontraran seis antenas de esa empresa durante un operativo en la cárcel La Picota, en Bogotá.
Las inspecciones técnicas posteriores permitieron detectar conexiones a internet mediante redes WiFi de Starlink en cuatro centros de reclusión: La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello, Antioquia; Acacías, en Meta, y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.
El MinTIC deberá establecer si la compañía tomó las medidas técnicas necesarias para evitar que sus servicios fueran utilizados para realizar comunicaciones no autorizadas desde esos establecimientos.
También investigan a los operadores móviles
La actuación administrativa incluye a Partners Telecom Colombia (WOM), Colombia Telecomunicaciones (Movistar), Comunicación Celular (Claro) y la Unión Temporal Colombia Móvil-Colombia Telecomunicaciones (Tigo).
En estos casos, las autoridades examinan si las empresas cumplieron las disposiciones que les exigen restringir las señales móviles de transmisión, recepción y control dentro de La Picota.
El operativo en ese centro penitenciario dejó al descubierto la cantidad de dispositivos de comunicación que permanecían en su interior: además de las seis antenas satelitales, fueron encontrados 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM y 38 módems.
La obligación de atenuar las señales que cubren las cárceles está establecida en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014.
Ahora, las cinco empresas deberán responder a los cargos formulados por el Ministerio, que determinará si hubo incumplimientos y si corresponde imponer sanciones. Hasta que concluyan las investigaciones, las presuntas irregularidades no constituyen responsabilidades demostradas.







