Una operación judicial dejó al descubierto una supuesta estructura delictiva que, bajo la fachada de veeduría ciudadana, habría estado extorsionando a funcionarios públicos en el departamento del Cesar.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, tres hombres fueron enviados a prisión preventiva tras ser señalados de exigir sumas que oscilaban entre los 100 y 300 millones de pesos a alcaldes y directivos de entidades públicas.
Los capturados fueron identificados como Juan David López Rojas, José Carlos Toncel García y Federman Asley López, quienes presuntamente conformaban un grupo organizado con roles definidos para ejecutar las extorsiones.
Así operaba la red
Según la investigación, López Rojas sería el cabecilla del grupo; Toncel García actuaría como intermediario en los contactos con las víctimas, mientras que López estaría encargado de la logística y recepción del dinero.
El modus operandi consistía en contactar a funcionarios públicos para exigirles altas sumas de dinero a cambio de no interponer denuncias por supuestos hechos de corrupción o de retirar procesos ya instaurados ante organismos de control.
Entre las víctimas figuran el alcalde y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico, así como el alcalde de Becerril.
Judicialización y cargos
Un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los procesados ante un juez de control de garantías, quien avaló la imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada.
Pese a las evidencias expuestas, los tres implicados no aceptaron los cargos. No obstante, el juez determinó imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.
Este caso vuelve a encender las alarmas sobre el uso indebido de figuras de control ciudadano para fines ilícitos, afectando la confianza institucional en distintas regiones del país.