Parricidio, triple asesinato en Carnaval y una red criminal que operó desde una universidad.
Tres episodios ocurridos entre 1981 y 1992 conforman una de las páginas más oscuras de la historia judicial de Barranquilla, una ciudad conocida por su alegría, pero que también fue escenario de violencias extremas que aún hoy generan preguntas sin resolver.
1981: el parricidio que estremeció a la élite barranquillera
Juan Senior Szlapack: el crimen que ocurrió en segundos y la condena que duró una vida.
La mañana de noviembre de 1981 amaneció tranquila en el barrio El Golf, uno de los sectores más exclusivos de Barranquilla. En una residencia de fachada sobria y silenciosa, Juan Senior Hanchush, de 86 años, y su esposa María Szlapack, de 62, iniciaban una rutina que nunca concluiría.
En el interior de la casa se encontraba su hijo menor, Juan Senior Szlapack, de 29 años. Desde hacía meses, su comportamiento era errático. Consumía cocaína y marihuana de manera frecuente y atravesaba un deterioro mental que, en ese momento, nadie logró dimensionar. La relación familiar estaba marcada por tensiones, discusiones y silencios prolongados.
El crimen no solo estremeció a la ciudad por su brutalidad, sino por el perfil del agresor y el entorno en el que ocurrió. Horas antes del hecho, el joven había propuesto a un amigo cometer el asesinato a cambio de dinero. El planteamiento fue tomado como una broma de mal gusto. No lo era.
Esa misma noche, el plan se ejecutó. El ataque ocurrió en el baño de la vivienda familiar y dejó a Barranquilla enfrentada a una realidad incómoda: la violencia también habitaba en los hogares más privilegiados.
La investigación judicial reveló posteriormente que el acusado padecía trastornos mentales severos, asociados a un proceso esquizofrénico latente, según dictámenes del Instituto de Medicina Legal. Este diagnóstico llevó a que el caso se convirtiera en la primera declaratoria de inimputabilidad por homicidio en el Caribe colombiano, sentando un precedente jurídico histórico.
Años después, él mismo intentaría explicar lo inexplicable:
*“Yo no sabía lo que estaba haciendo. Solo escuchaba una voz que me ordenaba hacerlo. Amo a mis padres. Nunca habría querido hacerles daño”.*
El crimen sacudió a Barranquilla. No solo por la brutalidad del hecho, sino por el perfil del victimario: un joven de familia tradicional, educado en colegios privados, exalumno del Biffi La Salle, que hasta la adolescencia había sido recordado como inquieto, generoso y sociable.
La prensa de la época difundió durante años una versión que marcaría el caso: que el homicidio se produjo porque sus padres se negaron a financiarle una cirugía de cambio de sexo. Esa narrativa, nunca probada judicialmente, se convirtió en estigma y simplificación de un cuadro mucho más complejo, atravesado por enfermedad mental, consumo de drogas y abandono emocional.
El proceso judicial y la declaración de inimputabilidad
Juan Senior Szlapack fue capturado y sometido a extensos estudios psiquiátricos. Los dictámenes fueron concluyentes: padecía un trastorno mental severo, que le impedía comprender la ilicitud de sus actos al momento del crimen.
En julio de 1990, la justicia colombiana lo declaró inimputable, una figura jurídica excepcional en la época. Con esa decisión, Juan terminó de pagar su sanción penal formal, pero no recuperó la libertad. El fallo establecía que debía quedar bajo custodia familiar debido a su perfil psiquiátrico.
Ese respaldo nunca llegó.
La cárcel, el hospital y el olvido
Entre 1983 y 1992, Juan estuvo recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. Allí vivió los años más duros de su encierro: fue abusado, agredido y, en una ocasión, atacado con una segueta adaptada como arma blanca, que le dejó una profunda herida en el rostro.
Tras ese episodio, su hermano Nicolás Senior Szlapack autorizó su traslado al Hospital San Rafael – anexo psiquiátrico del CARI, en Barranquilla, donde permanecería el resto de su vida.
Los primeros días fueron de terror. Juan reaccionaba con pánico ante la presencia de policías, se escondía y temblaba. Fue medicado con antipsicóticos y tranquilizantes, y sometido a estricta vigilancia. Con el tiempo, sin embargo, ocurrió algo inesperado: se estabilizó.
Se convirtió en un interno ejemplar. Caminaba los patios, ayudaba a otros pacientes, colaboraba con los enfermeros y trabajó durante años en un quiosco interno. No hubo reportes de violencia, fugas ni conflictos.
Las visitas familiares fueron escasas y distantes. Su hermano nunca lo visitó personalmente. Enviaba, una vez al año, a dos mujeres que dejaban objetos y se marchaban sin hablarle. Con el paso del tiempo, incluso eso desapareció.
Décadas después, el periodista y escritor Alfonso Ricaurte Miranda transformó este hecho real en una obra literaria titulada “Juanito, MUJER, cueste lo que cueste”. La novela explora el contexto social de una época marcada por la homofobia, la represión familiar y el silencio, planteando cómo el rechazo sistemático puede derivar en tragedias irreparables.
El autor ha sido enfático en señalar que su obra no justifica el crimen, sino que invita a reflexionar sobre las consecuencias de una sociedad que negó durante años la diversidad y la salud mental.
Hoy, más de cuatro décadas después, el protagonista del caso sigue con vida. No vive la vida que soñó, sino la que pudo construir tras uno de los episodios más impactantes de la crónica judicial barranquillera.
Los psiquiatras coinciden: Juan Senior Szlapack está estable, orientado y recuperado. No representa peligro. Podría reintegrarse a la sociedad. Pero sigue encerrado porque nadie se ha hecho responsable legal de él.
1984: el crimen de las Kaled, la tragedia que opacó el Carnaval
Era el lunes 5 de marzo de 1984, Lunes de Carnaval. Barranquilla vibraba con el Festival de Orquestas y la ciudad estaba sumida en la fiesta. Mientras miles de personas celebraban, una tragedia se desarrollaba en silencio en una vivienda del barrio El Porvenir.
En esa casa fueron asesinadas tres mujeres de una misma familia:
- Lucía Chedraui de Kaled, de 74 años
- Nina Kaled Chedraui, de 50
- Lucía Fernanda Kaled García, de apenas 16 años
El hallazgo ocurrió en horas de la mañana, cuando un familiar llegó a recoger a la menor. Al no recibir respuesta, forzó la entrada y se encontró con una escena que marcaría para siempre la historia criminal de la ciudad.
El impacto fue mayor por el contexto: en 1984 no existían redes sociales, no había televisión regional y los periódicos no circulaban durante Carnaval. La noticia se difundió lentamente, mientras la ciudad apenas comenzaba a comprender la magnitud de lo ocurrido.
Las autoridades establecieron que el crimen se produjo durante la madrugada y que las víctimas fueron atacadas con objetos contundentes. Días después fue capturado Miguel Ángel Torres Socarrás, un joven de 24 años, estudiante de medicina y amigo cercano de la familia, quien confesó el crimen y fue condenado.
Aunque hubo una sentencia, el caso dejó múltiples interrogantes:
¿Actuó solo?
¿Hubo fallas en la investigación?
¿Por qué la escena fue intervenida sin protocolos adecuados?
Hoy, la antigua vivienda ya no existe. En su lugar, el tiempo pasó, pero la memoria no. Cuarenta años después, el crimen de las Kaled sigue siendo recordado como la tragedia que opacó uno de los Carnavales más emblemáticos de Barranquilla.
1992: la matanza de la Universidad Libre, una historia que parece ficción
En febrero de 1992, en pleno Carnaval, Barranquilla fue sacudida por uno de los crímenes más atroces de su historia: la matanza sistemática de habitantes de la calle dentro de la sede centro de la Universidad Libre.
Solo un hombre herido llegó a una estación de Policía en Barranquilla con una historia difícil de creer. Se trataba de Ómar Enrique Hernández, un habitante de calle que aseguraba haber escapado de un intento de asesinato dentro de la Universidad Libre.
De acuerdo con las investigaciones judiciales y los testimonios recopilados posteriormente, un grupo de vigilantes y funcionarios del área del anfiteatro de la universidad ideó un plan criminal para captar indigentes, asesinarlos y utilizar sus cuerpos con fines académicos y económicos.
Cómo ocurrió el crimen
Durante las madrugadas, los celadores engañaban a recicladores que dormían en calles, puentes o el Cementerio Central. Les ofrecían entrar a la universidad para recoger cartón y otros materiales reciclables. Una vez dentro, en zonas apartadas del campus, eran atacados de manera sorpresiva con golpes contundentes o armas de fuego.
Las víctimas eran trasladadas al anfiteatro, donde algunos cuerpos eran utilizados para prácticas de anatomía y otros descuartizados para extraer órganos, que presuntamente eran comercializados. Según los expedientes, las víctimas eran seleccionadas bajo la idea de que “no tenían dolientes”.
El esquema salió a la luz gracias a Óscar (u Omar) Enrique Hernández López, un reciclador que sobrevivió al ataque tras recibir un disparo que no fue letal y varios golpes. Fingiendo estar muerto, logró escapar al amanecer y alertó a un policía cercano. Aunque inicialmente no le creyeron, su insistencia permitió que las autoridades ingresaran al campus.
El hallazgo
En el anfiteatro fueron encontrados al menos 10 cuerpos completos de indigentes asesinados, así como restos humanos conservados en formol. Medicina Legal estableció que varias víctimas murieron por golpes y otras por arma de fuego. En total, 11 personas fueron reconocidas como víctimas directas del caso, aunque las investigaciones sugirieron que el número real podría ser mayor.
Investigación y responsables
Las pesquisas vincularon a vigilantes, trabajadores del anfiteatro y personal administrativo. El nombre que más resonó fue el de Santander Sabalza Estrada, encargado de preparar los cadáveres, y varios celadores que captaban y asesinaban a las víctimas.
En total, seis personas fueron condenadas por homicidio agravado y tentativa de homicidio. Otros implicados fueron investigados, pero parte del caso quedó en la impunidad. El entonces síndico-gerente de la universidad, Eugenio Castro Ariza, señalado como posible articulador del esquema, fue absuelto.
La huella que quedó
El Instituto de Medicina Legal elaboró réplicas en yeso de los rostros de las víctimas para intentar su identificación. Aunque varios cuerpos fueron reclamados por familiares, otros permanecen como NN, y sus bustos aún reposan en archivos forenses como memoria del crimen.
Treinta años después, la matanza de la Unilibre sigue siendo un símbolo del desprecio por la vida de los más vulnerables y uno de los episodios más oscuros en la historia judicial y social de Colombia.
El caso fue conocido como “la matanza de la Unilibre” y generó una conmoción nacional. Aunque la Universidad fue exonerada institucionalmente, varios integrantes del esquema de seguridad fueron condenados por homicidio y tentativa de homicidio.
Pese a las condenas, persisten dudas sobre la magnitud real de los crímenes. Algunas versiones señalaron que el número de víctimas podría superar varias decenas. Medicina Legal incluso realizó reconstrucciones faciales de algunas víctimas con la esperanza de que fueran identificadas algún día.
Treinta años después, este episodio sigue siendo considerado uno de los capítulos más oscuros y perturbadores de la historia criminal de Barranquilla, una ciudad que jamás volvió a mirar igual sus instituciones.
Memoria, violencia y ciudad
Estos tres casos, ocurridos en poco más de una década, revelan una Barranquilla distinta a la del imaginario festivo: una ciudad atravesada por silencios, miedos, prejuicios sociales y falencias institucionales propias de su tiempo.
Hoy, más de 30 y 40 años después, estos episodios siguen siendo recordados no solo por su brutalidad, sino porque obligan a reflexionar sobre la salud mental, la exclusión social, la justicia y la memoria histórica.
Barranquilla también fue escenario de crímenes que marcaron generaciones. Recordarlos no es revivir el horror, sino entenderlo para que no vuelva a repetirse.