La cartera vencida de Air-e es, sin duda, uno de los problemas financieros que enfrenta la compañía. Pero la pregunta que cada vez con mayor insistencia se hacen los usuarios es si esa situación puede convertirse en una explicación permanente para justificar las dificultades en la prestación del servicio de energía.
La propia empresa ha señalado que enfrenta una cartera por cobrar de alrededor de $6,5 billones y obligaciones por pagar cercanas a los $5,7 billones. El dato evidencia la dimensión del problema financiero, pero también abre otro interrogante: ¿qué está haciendo Air-e, particularmente desde sus áreas jurídica y comercial, para recuperar de manera efectiva esos recursos?
Porque tener usuarios, entidades públicas, empresas o particulares con facturas pendientes no es una situación exclusiva de Air-e. Las compañías que prestan servicios públicos también enfrentan históricamente obligaciones vencidas y, para ello, cuentan con mecanismos de cobro, acuerdos de pago, procesos jurídicos y herramientas legales para recuperar la cartera.
De hecho, la misma Air-e ha reconocido que trabaja en la recuperación de las deudas de entidades oficiales y que, junto con la Procuraduría Regional del Atlántico, ha analizado mecanismos para sanear esas obligaciones. La compañía incluso ha advertido que el incumplimiento reiterado de las entidades públicas puede generar responsabilidades administrativas y disciplinarias.
Entonces, la discusión debería ir más allá de repetir cuánto deben los usuarios.
¿Cuántos procesos de cobro jurídico tiene actualmente Air-e? ¿Cuánto dinero ha logrado recuperar mediante esas acciones? ¿Cuántos acuerdos de pago están vigentes? ¿Cuántas obligaciones están en proceso de conciliación? ¿Cuántas cuentas podrían ser recuperadas mediante acciones legales?
Son preguntas especialmente relevantes en momentos en que los usuarios siguen soportando interrupciones del servicio y reclaman soluciones concretas.
El nuevo agente interventor, Ramiro Castilla Andrade, ha recibido una empresa con una situación financiera compleja. En una reciente mesa de trabajo en el Congreso se volvió a hablar de la cartera vencida, de las dificultades para invertir y de las obligaciones pendientes de la compañía. También se puso sobre la mesa que las redes de distribución llevan años sin recibir las inversiones necesarias.
Pero precisamente por eso resulta necesario conocer cuál será la estrategia para enfrentar cada componente del problema.
La cartera vencida debe cobrarse. Si existen usuarios o entidades que tienen obligaciones pendientes, Air-e tiene el derecho y, dentro de sus responsabilidades empresariales, el deber de utilizar los mecanismos disponibles para recuperar esos recursos, respetando naturalmente el debido proceso y las normas que regulan los servicios públicos.
Lo que no debería ocurrir es que la cartera se convierta simplemente en un argumento que explique todos los problemas de la compañía, mientras los usuarios continúan preguntándose cuándo llegarán las soluciones.
Si otras empresas de servicios públicos enfrentan usuarios morosos y desarrollan mecanismos de cobro, ¿por qué Air-e no puede mostrar con mayor claridad los resultados concretos de su gestión jurídica y de recuperación de cartera?
La discusión tampoco puede reducirse a señalar exclusivamente al usuario. La compañía debe explicar cuánto de esa cartera corresponde a hogares, cuánto a empresas, cuánto a entidades públicas, qué porcentaje es recuperable y qué acciones concretas se adelantan para cobrarla.
Porque una cosa es reconocer que Air-e tiene una cartera millonaria y otra muy distinta asumir que esa cartera, por sí sola, explica las deficiencias del servicio.
Los usuarios necesitan menos diagnósticos repetidos y más resultados: recuperación efectiva de cartera, inversión en redes, mantenimiento, reducción de interrupciones y transparencia sobre la administración de los recursos.
La pelota está también en el campo jurídico y administrativo de la empresa. Si hay deudas exigibles, que se cobren por las vías correspondientes. Y si existen dificultades para recuperarlas, que se explique públicamente cuáles son los obstáculos.
La ciudadanía tiene derecho a saber si el problema es solamente cuánto deben los usuarios o también cuánto está haciendo la empresa para recuperar lo que le deben.