El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Francisco Javier Estupiñán Bravo por su participación en el escándalo de los carrotanques adquiridos con recursos públicos para atender las necesidades de agua potable de comunidades de La Guajira, aunque modificó la pena inicialmente impuesta y la fijó en 9 años, 11 meses y 27 días de prisión.
Estupiñán Bravo, quien se desempeñaba como representante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, había aceptado su responsabilidad mediante un allanamiento a cargos dentro del proceso penal relacionado con las presuntas irregularidades en la contratación adelantada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
De acuerdo con el expediente, el contratista tuvo participación en el proceso de direccionamiento y adjudicación irregular de una orden de proveeduría cuyo valor ascendió a $29.000 millones y que tenía como propósito suministrar 40 carrotanques destinados al departamento de La Guajira.
La investigación estableció que, para obtener el contrato, Estupiñán habría presentado una certificación que no correspondía con la situación real de los vehículos. En el documento se garantizaba la disponibilidad y entrega inmediata de los carrotanques, pese a que estos todavía se encontraban en proceso de ensamblaje.
A partir de esa información, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 se efectuaron desembolsos por $25.375 millones, dentro de una operación que posteriormente quedó en el centro de uno de los mayores escándalos de contratación de la UNGRD.
Según los elementos expuestos dentro del proceso, el negocio habría generado un sobrecosto de aproximadamente $11.114 millones frente al valor que debieron representar los vehículos, mientras que Estupiñán habría obtenido directamente más de $4.330 millones.
La investigación también estableció que la operación no habría sido posible sin la participación y colaboración de funcionarios y directivos vinculados a la entidad estatal, razón por la cual el caso de los carrotanques terminó ampliándose hacia otros funcionarios y particulares.
La sentencia se produjo en medio de uno de los procesos penales derivados del escándalo de corrupción de la UNGRD, que puso bajo investigación contratos destinados a atender necesidades de comunidades afectadas por emergencias y dificultades de acceso al agua.
Además de la pena privativa de la libertad, el Tribunal impuso al condenado una multa solidaria de $5.000 millones y una inhabilidad especial cercana a diez años para ejercer funciones o cargos públicos, de acuerdo con las condiciones establecidas en la decisión judicial.
La pena representa una reducción considerable frente a la condena inicial de 16 años de prisión. Esta disminución está relacionada con la aceptación de cargos y con la colaboración ofrecida por el procesado dentro de la investigación.
Uno de los elementos de mayor relevancia de su colaboración es el compromiso de entregar información y elementos de carácter técnico que puedan contribuir al esclarecimiento de la participación de otros funcionarios y particulares en el entramado de contratación.
Esa información podría resultar relevante para las investigaciones que avanzan contra otros involucrados en el escándalo, entre ellos funcionarios de alto nivel que han sido mencionados dentro de las diferentes líneas de investigación relacionadas con el manejo de los recursos de la UNGRD.
El caso de los carrotanques generó especial indignación porque los recursos estaban destinados a atender las necesidades de comunidades de La Guajira que enfrentan históricamente dificultades para acceder al agua potable. En lugar de convertirse en una solución efectiva, la contratación terminó convertida en uno de los principales casos de corrupción investigados durante la administración anterior.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá representa así un nuevo capítulo judicial en este escándalo y mantiene abierta la posibilidad de que la información entregada por los procesados permita avanzar hacia otros responsables.
Con la confirmación de la condena, Estupiñán deberá cumplir una pena de 9 años, 11 meses y 27 días de prisión, además de las sanciones económicas y la inhabilidad impuestas por la justicia.
Mientras tanto, las autoridades continúan avanzando en las demás investigaciones relacionadas con la contratación de la UNGRD, en un proceso que busca determinar el alcance completo de las irregularidades, establecer el destino final de los recursos públicos y llevar ante la justicia a quienes hayan tenido participación en el millonario entramado.