El Gobierno nacional pidió al sector financiero poner en marcha alivios para los productores agropecuarios y ganaderos afectados por el terremoto y las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que vienen generando dificultades para mantener la producción en varias regiones del país.
La solicitud fue presentada por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, ante la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), a la que planteó adoptar medidas que permitan a los productores afectados enfrentar sus obligaciones sin poner en riesgo la continuidad de sus actividades.
Entre las principales propuestas está congelar durante un mínimo de 12 meses el capital y los intereses de los créditos agropecuarios de los damnificados, además de establecer mecanismos para reperfilar las deudas y facilitar nuevas líneas de financiación destinadas a capital de trabajo.
La cartera agropecuaria considera que estas medidas permitirían darle oxígeno financiero al campo mientras los productores recuperan su capacidad de generación de ingresos.
El reperfilamiento planteado por el Gobierno incluiría la ampliación de los plazos de pago, periodos de gracia sobre el capital, refinanciación de cuotas vencidas y mecanismos para evitar que los afectados sufran un deterioro automático de su calificación crediticia.
También se propuso revisar los reportes de riesgo asociados a estas obligaciones, con el propósito de evitar que una emergencia temporal termine cerrando el acceso de los productores al sistema financiero.
El Niño amenaza con extender las dificultades
La petición del Ministerio de Agricultura se produce en medio de las advertencias sobre la posibilidad de que las condiciones climáticas adversas se mantengan durante los próximos meses.
Según las proyecciones citadas por la cartera, los efectos asociados al fenómeno de El Niño podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027, aumentando los riesgos para las actividades agrícolas y ganaderas.
Entre las principales preocupaciones están la reducción de la productividad pecuaria, el incremento en los costos de alimentación para los animales y una menor disponibilidad de agua para el riego y el consumo del ganado.
Para los productores, estas condiciones pueden traducirse en mayores gastos precisamente en un momento en el que sus ingresos podrían disminuir por las dificultades para mantener los niveles habituales de producción.
El Ministerio considera que una respuesta anticipada del sistema financiero podría evitar que los problemas climáticos terminen convirtiéndose en una crisis de cartera para miles de productores rurales.
Gobierno busca evitar una ola de morosidad
El argumento del Gobierno es que los alivios no deben ser entendidos únicamente como una medida de solidaridad con los afectados, sino también como una estrategia para proteger la estabilidad financiera.
La cartera de Agricultura sostuvo que una intervención temprana permitiría proteger la calidad de los créditos, contener un eventual aumento de la morosidad y acelerar la recuperación económica de las regiones afectadas.
Además de los alivios sobre las obligaciones existentes, el Gobierno pidió habilitar nuevas líneas de crédito para capital de trabajo, de manera que los productores puedan contar con recursos para mantener sus operaciones mientras superan los efectos de la emergencia.
La propuesta busca proteger especialmente la actividad ganadera y agrícola, así como el empleo rural y el abastecimiento de alimentos.
El ministro Dangond planteó que el sector financiero puede desempeñar un papel determinante en la recuperación de las zonas afectadas y llamó a las entidades bancarias a acompañar a los productores durante el periodo de dificultades.
“En momentos de incertidumbre, el crédito puede convertirse en un factor de vulnerabilidad o en una herramienta de recuperación”, señaló el Ministerio en la comunicación enviada a Asobancaria.
La propuesta queda ahora en manos del sector financiero, mientras el Gobierno espera que las entidades adopten mecanismos que permitan a los productores afectados mantener sus actividades, preservar los empleos rurales y avanzar en la recuperación de sus regiones.