El diagnóstico presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella sobre la situación de las entidades estatales abrió un nuevo frente de controversia, esta vez en el Ministerio de Ambiente. El denominado ‘Libro de la verdad’ señala un fuerte incremento en la contratación por prestación de servicios durante el periodo 2022-2025 y cuestiona los resultados obtenidos frente a los recursos destinados a la protección ambiental.
El informe fue presentado este martes 18 de agosto y hace parte del paquete de hallazgos que la actual administración entregó a la Fiscalía para poner en conocimiento posibles irregularidades encontradas durante la revisión de las entidades públicas.
Según el documento, los contratos de prestación de servicios mediante contratación directa pasaron de 142 en 2022, por un valor de $2.121 millones, a 1.199 en 2025, por $83.583 millones.
Esto representa, de acuerdo con el diagnóstico presentado por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, un incremento del 744 % en el número de contratos y un crecimiento cercano a 39 veces en el valor comprometido.
La administración actual cuestiona que este aumento de la contratación no se haya traducido en resultados ambientales acordes con el crecimiento del gasto y con los recursos que recibió el sector durante esos años.
Más contratos, pero menos ejecución
Uno de los principales puntos señalados en el informe está relacionado con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad.
Según las cifras expuestas por el ministro Arjona, este fondo recibió apropiaciones por $1,8 billones, pero tuvo una ejecución promedio de apenas 16,5 % anual entre 2023 y 2025.
El dato más llamativo corresponde a 2024, cuando la ejecución habría sido del 9 % sobre una apropiación de $868.694 millones.
Para el Gobierno, la baja ejecución no constituye simplemente un problema administrativo o contable, sino que representa recursos que no llegaron oportunamente a proyectos de conservación, restauración ambiental y atención de comunidades.
El diagnóstico también cuestiona la utilización de recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
Durante 2025, el Ministerio de Ambiente habría comprometido $474.129 millones en 25 proyectos ambientales. El informe asegura que en varios casos se habría desconocido el criterio de priorización basado en la calificación técnica de los proyectos.
Alertas en el Ideam
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, también aparece mencionado en el documento.
La revisión de los procesos de contratación habría identificado 176 grupos de registros duplicados por $33.470 millones, además de 26 procesos adjudicados con una sola oferta, cuyo valor alcanzaría los $7.642 millones.
Estos hallazgos, según el Gobierno, serán objeto de revisión para determinar si se trató de errores administrativos, deficiencias en los procesos de contratación o situaciones que ameriten investigaciones de los organismos de control.
La deforestación también genera cuestionamientos
El informe presentado por Arjona relaciona las cifras de contratación y ejecución presupuestal con los resultados ambientales registrados durante los últimos años.
De acuerdo con los datos incluidos en el documento, entre 2022 y 2025 Colombia habría perdido más de 435.000 hectáreas de bosque, con más del 60 % de esa pérdida concentrada en la Amazonía.
El documento señala además que durante 2024 la deforestación alcanzó las 113.608 hectáreas, un aumento del 43,4 % frente al año anterior. Dentro del Sistema de Parques Nacionales, el informe sostiene que la deforestación se multiplicó por 2,5 en un solo año.
El ministro Arjona utilizó estas cifras para cuestionar la relación entre los recursos destinados a la política ambiental y los resultados obtenidos durante el periodo analizado.
El costo humano de la crisis ambiental
El diagnóstico también dedica un capítulo a la situación de quienes defienden el medio ambiente.
Según las cifras citadas por el ministro, Colombia registró 48 de los 146 homicidios de personas defensoras del ambiente documentados en el mundo durante 2024, mientras que en 2023 se habrían registrado 79 casos.
Para el actual Gobierno, la violencia contra líderes ambientales está estrechamente relacionada con la pérdida de control territorial frente a actividades como la deforestación y la minería ilegal.
El documento plantea como uno de los principales retos de la nueva administración recuperar la autoridad ambiental en las regiones donde operan estructuras criminales y garantizar mejores condiciones de seguridad para las comunidades y defensores del territorio.
El reto del nuevo Gobierno
La conclusión de Arjona apunta a modificar lo que considera una ecuación desfavorable: más contratación y menor impacto.
El nuevo Ministerio de Ambiente plantea como prioridades acelerar la ejecución de los recursos destinados a conservación, recuperar el control institucional frente a la deforestación y la minería criminal, mejorar los procesos de licenciamiento y garantizar que los recursos de regalías sean asignados bajo criterios técnicos.
Los datos hacen parte de un diagnóstico elaborado por el actual Gobierno y, por tanto, constituyen señalamientos y conclusiones de la administración de Abelardo De La Espriella que deberán ser contrastados y, cuando corresponda, revisados por las autoridades competentes.
La discusión queda ahora abierta sobre cómo se utilizaron los recursos públicos durante el periodo 2022-2025 y si el aumento de la contratación estuvo acompañado por resultados suficientes para cumplir las metas de protección ambiental del país.