Mientras Colombia continúa enfrentando las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4, desde el Congreso lanzaron una fuerte advertencia sobre la capacidad financiera del Estado para responder a la emergencia.
La representante Martha Ruiz Solera, del partido Colombia Renaciente, aseguró que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se habría quedado sin fondos suficientes para atender la crisis provocada por el sismo que golpeó con mayor fuerza a Cali, Pereira, Chocó, Armenia y Manizales.
La congresista cuestionó lo que considera una falla estructural en el sistema nacional de atención de desastres y advirtió que Colombia estaría enfrentando una emergencia de enormes proporciones con un mecanismo financiero que, según su denuncia, no cuenta con recursos permanentes.
Ruiz Solera recordó que en febrero de este año Córdoba enfrentó una emergencia por un frente frío y que miles de familias todavía esperan recursos para recuperar sus viviendas y su economía.
Según la representante, de los $7,59 billones recaudados para atender aquella emergencia, la ejecución habría sido prácticamente nula durante la administración anterior, situación que, a su juicio, evidencia las dificultades que enfrenta el país para convertir los recursos destinados a la gestión del riesgo en soluciones concretas.
“Es un fondo sin fondos”, afirmó la congresista al cuestionar que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dependa de decisiones presupuestales de cada gobierno y no tenga fuentes específicas y estables de financiación.
Para Ruiz Solera, el terremoto vuelve a demostrar que Colombia no puede seguir esperando a que ocurra una tragedia para comenzar a buscar dinero.
La representante pidió una reforma estructural al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que permita garantizar recursos permanentes no solamente para atender a las víctimas después de una catástrofe, sino también para anticiparse a ellas.
La advertencia incluye inversiones en infraestructura resistente, estudios de vulnerabilidad, sistemas de alerta temprana, preparación de organismos de socorro y obras de mitigación en las zonas con mayor exposición a fenómenos naturales.
El planteamiento adquiere especial relevancia mientras cientos de rescatistas continúan trabajando entre los escombros y miles de familias esperan asistencia luego del terremoto.
“Cada peso que se destine a la prevención puede significar vidas salvadas y familias protegidas”, sostuvo la congresista.
La discusión ahora queda planteada en medio de la emergencia: ¿está Colombia realmente preparada para financiar una respuesta de esta magnitud o el país volvió a quedar atrapado en un sistema que reacciona después de que ocurre la tragedia?
Ruiz Solera insistió en que la gestión del riesgo debe convertirse en una política de Estado y no depender de la coyuntura política o presupuestal de cada administración.