#Exclusivo #UnidadInvestigativa | La confesión de Saúl Severini, el eslabón perdido de la “parapolítica”, prende el ventilador en la @JEP_Colombia
“Vine a aceptar mi responsabilidad con todos los hechos de violencia cometidos”: el exjefe paramilitar del sur del Magdalena, en su… pic.twitter.com/kKHAxbTBPw
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 5, 2026
Tras 16 años prófugo, el exjefe paramilitar reapareció ante la justicia transicional y admitió 229 homicidios. Su testimonio vincula directamente a altos mandos militares, líderes gremiales, la cúpula de la Policía y barones políticos de la Costa.
Durante más de tres lustros, la justicia colombiana le perdió la pista a Saúl Severini Caballero, sobre quien pesaba una condena de 33 años de prisión por el asesinato de la docente Ledys Marina Pertuz. Dándosele incluso por muerto en los estrados judiciales, su captura en Cali en 2025 y su posterior postulación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrieron un expediente inédito sobre la expansión del paramilitarismo en el Caribe.
En las audiencias de sometimiento reveladas por Caracol Radio, Severini se atribuyó la autoría de 229 homicidios y detalló la génesis del paramilitarismo en el sur del Magdalena a finales de la década de 1990.
De acuerdo con su versión, en 1998 acudió al ganadero Jorge Gnecco Cerchar (asesinado en 2001) para replicar en el Magdalena la incursión armada que avanzaba en el Cesar contra las guerrillas de las FARC y el ELN. Gnecco facilitó el contacto directo con Carlos Castaño Gil, lo que derivó en la recolección de un capital inicial de $100 millones de pesos entre ganaderos de la región para financiar el nacimiento del sangriento Frente Pivijay.
La estructura de financiación y complicidad oficial
SECTOR DE IMPACTO ACTORES VINCULADOS EN EL TESTIMONIO TIPO DE COLABORACIÓN ALLEGADA
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Financiación Privada Ganaderos del Magdalena y Atlántico Cuotas iniciales de $20 millones
para la conformación del frente.
Fuerza Pública (Policía) General (r) Óscar Gamboa Argüello; Cooptación de comandos locales y
y Ejército Gral (r) Fredy Padilla de León; omisión operativa conjunta.
Gral (r) Mario Montoya Uribe
Poder Político y Salud Neyla Soto ('La Sombrerona'); Captura de la contratación pública,
Jorge Iván Salah (Alcalde Pivijay) Pactos de Chivolo y Pivijay.
Severini sostuvo ante los magistrados que el control territorial requirió el sometimiento de las autoridades locales. Afirmó que el general (r) Óscar Gamboa Argüello, entonces comandante de la Policía del Magdalena, actuaba en sintonía con las AUC, al tiempo que unidades del Batallón Córdoba, el Gaula y la Segunda Brigada del Ejército (con sede en Barranquilla) operaban de manera coordinada con los escuadrones paramilitares.
Los señalamientos contra la cúpula militar
Uno de los capítulos más complejos del testimonio compromete al general (r) Fredy Padilla de León, excomandante de las Fuerzas Militares. Severini afirmó que en 1999, durante una reunión en la Sala de Guerra de la Segunda Brigada, el alto oficial le entregó al Frente Pivijay a un deserter/guerrillero del ELN conocido como alias ‘Yovanny’.
Según el declarante, este sujeto fue utilizado posteriormente como guía táctico para ejecutar las incursiones armadas que derivaron en las masacres de Nueva Venecia, Santa Rita y Trojas de Cataca.
Por otra parte, salpicó al general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante de la Primera División del Ejército. Severini aseguró que en 2004 Montoya le propuso coordinar una «desmovilización fraudulenta» simulando el desarme de un frente inexistente. Asimismo, citó declaraciones de la fallecida enlace paramilitar Neyla Soto, alias ‘La Sombrerona’, quien afirmaba que la estructura criminal le pagaba al alto oficial una nómina mensual de entre $40 y $50 millones de pesos.
Elecciones, fraude informático y el rol de Fedegán
El testimonio extendió sus alcances al ámbito gremial y electoral de alcance nacional:
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Soporte a la elección de Fedegán: Severini aseguró que en 2004, por orden directa de Salvatore Mancuso, las AUC presionaron a los delegados ganaderos en el Centro de Convenciones de Cartagena para elegir a José Félix Lafaurie como presidente de Fedegán. Añadió que junto a su hermano transportó personalmente a Lafaurie a la zona de desmovilización de Santa Fe de Ralito para reunirse con la cúpula paramilitar.
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Fraude electoral y manipulación de software: El declarante denunció la supuesta alteración del software de la Registraduría en las elecciones de 2002 y 2003, coordinada entre alias ‘La Sombrerona’, el exdirector de informática del DAS, Rafael García, y funcionarios locales, permitiendo restar votos a candidatos de oposición y asegurar el triunfo de alianzas locales y nacionales.
Respuestas de los implicados
Frente a la gravedad de los señalamientos, las reacciones de los salpicados no se hicieron esperar:
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José Félix Lafaurie negó conocer a Saúl Severini y descalificó el testimonio, catalogando al declarante como un «criminal que busca beneficios judiciales a base de mentiras».
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El general (r) Mario Montoya desmintió de manera tajante cualquier ofrecimiento de desmovilizaciones falsas, asegurando que no conoce a Severini y que los procesos de paz de la época fueron manejados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
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El concejal José Alfredo Ordóñez rechazó los señalamientos sobre los pactos políticos en el Magdalena, recordando que la Fiscalía precluyó las investigaciones en su favor.
La JEP evalúa actualmente la matriz de verdad aportada por Severini para determinar si acepta de manera definitiva su sometimiento a la jurisdicción transicional.