En una reacción sin precedentes, una importante coalición de organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio hizo un llamado de urgencia a la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea y las cancillerías de la región para desconocer de manera definitiva al régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
El pronunciamiento se produce luego de que el mandatario nicaragüense, de 80 años y en el poder desde 2007, anunciara públicamente la intención de eliminar de forma definitiva las elecciones en el país centroamericano.
«Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno», sentenció Ortega durante el discurso que encendió las alarmas de la comunidad internacional.
Puntos clave de la exigencia internacional
Las organizaciones en el exilio (entre ellas la Concertación Democrática Nicaragüense, Unidad Nacional y la Unión Democrática Renovadora) alertaron que la consolidación de este modelo autoritario no es un problema interno, sino un riesgo directo para todo el continente:
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Activación de la Carta Democrática: Solicitan a la OEA y al Consejo Permanente de la ONU aplicar con rigor los mecanismos del sistema interamericano para proteger la democracia.
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Amenaza migratoria y de seguridad: Advirtieron que la abolición del voto desatará masivas olas de exilio y migración forzada que impactarán la estabilidad regional.
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Consolidación dinástica: Denuncian que la medida busca instaurar un régimen autoritario, permanente y familiar sin ningún tipo de control institucional.
Ola de rechazo global e inclusive de sus aliados
El anuncio de Ortega provocó una condena unánime en el mapa político internacional:
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Gobiernos de la región: Países como Chile, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Panamá —que procedió a retirar a su embajador— expresaron un rechazo categórico.
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Distanciamiento de aliados: El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva, histórico aliado del sandinismo, se sumó a las críticas.
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Pronunciamiento de la izquierda regional: El Grupo de Puebla advirtió que «ningún proyecto político puede situarse por encima del derecho soberano de los pueblos a elegir libremente», calificando el anuncio como una ruptura abierta con la democracia.
Pese a las condenas emitidas también por la ONU y Estados Unidos, la Cancillería nicaragüense ha respondido con dureza rechazando cualquier señalamiento externo sobre sus decisiones políticas.