La Fiscalía imputó a 17 personas pertenecientes a una red criminal que operaba desde el penal de máxima seguridad ‘El Barne’. Los dragoneantes permitían el ingreso de celulares y libretas con información de las víctimas para ejecutar millonarios chantajes telefónicos.
Una nueva y profunda grieta en la seguridad del sistema penitenciario colombiano quedó al descubierto. La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, imputó formalmente a 17 personas señaladas de integrar una poderosa red criminal dedicada a la extorsión carcelaria. Entre los procesados figuran cinco guardias activos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
De acuerdo con el material probatorio del ente investigador, esta organización criminal operó de manera sistemática entre enero y diciembre de 2025 desde el interior de la cárcel de alta seguridad El Barne, ubicada en el municipio de Cómbita, Boyacá.
Modus operandi: Inteligencia criminal y agendas en mano
La investigación demostró que la banda funcionaba con un esquema de división del trabajo perfectamente coordinado entre cómplices externos e internos del penal:
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Los de afuera: Se encargaban de realizar labores de inteligencia en la calle para recopilar datos confidenciales de las víctimas, tales como sus actividades económicas, direcciones de residencia, rutinas y números telefónicos de sus núcleos familiares.
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Los enlaces: Esta información detallada era entregada a los reclusos dentro de la cárcel de Cómbita.
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Los extorsionistas: Con libreta y agenda en mano, presos de diferentes pabellones llamaban a ciudadanos en múltiples regiones de Colombia. Identificándose como miembros de temidas estructuras armadas organizadas (como el Clan del Golfo o disidencias), exigían millonarios giros y consignaciones bajo amenazas de muerte.
Los guardias implicados: Celulares a cambio de la seguridad
El rol de los cinco funcionarios del Inpec fue clave para el éxito del grupo criminal. Según la Fiscalía, los dragoneantes abusaron de sus cargos e incumplieron de forma deliberada sus funciones de custodia y control.
Los uniformados judicializados son:
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Javier Alexander Hernández
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John Fredy Pineda
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Cristian Mauricio Arcos
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Brayan Esteven Salamanca
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Deivis Maryu Forero
La Fiscalía los acusa de haber facilitado y permitido de manera sistemática el ingreso de teléfonos celulares, tarjetas SIM, cargadores y otros elementos prohibidos a los pabellones de El Barne, insumos indispensables para que los reclusos ejecutaran los chantajes telefónicos.
Redada nacional y judicialización
Las capturas de los integrantes de la red se lograron gracias a un operativo coordinado entre la Fiscalía y la Policía Nacional, ejecutado en simultáneo en Bogotá y en municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá.
Durante las audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, ninguno de los 17 procesados aceptó los cargos por el delito de extorsión imputados por el fiscal del caso.
Por determinación del operario judicial, el dragoneante Deivis Maryu Forero recibió medida de aseguramiento en centro carcelario preventivo, mientras que los otros cuatro guardias y los civiles implicados seguirán vinculados formalmente al proceso penal mientras se define la etapa de juicio.