En un giro definitivo dentro del proceso judicial que conmocionó al departamento del Atlántico, seis hombres —entre ellos un hijo del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz— aceptaron su responsabilidad en el secuestro y tortura del cobrador y prestamista Carlos Alfredo Mejía Vargas.
Tras avalar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los procesados lograron una rebaja sustancial de la pena luego de indemnizar económicamente a la víctima y reparar los daños causados.
Los términos del preacuerdo
Durante la audiencia de formulación de imputación, el fiscal delegado Rodrigo Restrepo expuso los términos de la negociación. Al aceptar los delitos de secuestro simple agravado en concurso con tortura, la ley les otorgó un beneficio del 50 % de reducción sobre la tasa punible.
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Pena inicial calculada: 140 meses de prisión (128 por secuestro y 12 por tortura).
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Pena definitiva acordada: 70 meses de prisión (poco más de 5 años y medio) para cada uno de los implicados.
La voz de la Fiscalía: “Considera la Fiscalía que es viable concederle la rebaja para que quede en 70 meses de prisión. Considera la Fiscalía que ahí se dignifica la justicia”, manifestó el ente acusador durante la diligencia.
Los firmantes del acuerdo son: Luis Mariano Díaz (hijo de Diomedes Díaz), Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz.
Reparación económica inmediata
Como requisito indispensable para validar el preacuerdo, los imputados debieron resarcir económicamente los daños. A la víctima se le devolvieron los 3 millones de pesos que su familia alcanzó a entregar durante la retención ilegal, sumado a una indemnización cercana a los 10 millones de pesos por concepto de reparación integral, cubriendo además los 20 días de incapacidad médica que le dejaron las agresiones.
Detalles del horror en el sur de Barranquilla
Los hechos que originaron esta investigación se remontan a la madrugada del sábado 23 de agosto de 2025 en el barrio Ciudad Modesto. Según la bitácora de la Fiscalía, los seis hombres operaron bajo un plan coordinado para saldar una presunta cuenta interna de la empresa informal de préstamos «Soluciones Mano a Mano», acusando a Mejía Vargas de haberse apropiado de una suma de entre 15 y 30 millones de pesos.
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El rapto: Armados, irrumpieron en la vivienda de la víctima, intimidaron a sus familiares y lo obligaron a subirse a una motocicleta.
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El cautiverio: Fue trasladado a una vivienda en el barrio Las Granjas, en la localidad Metropolitana, donde permaneció retenido desde la 1:00 a.m. hasta el mediodía de ese sábado.
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Extorsión y exigencias: Exigieron inicialmente 15 millones de pesos a la familia. Al enterarse de que no tenían el dinero, los captores presionaron para que se les traspasara una vivienda mediante escrituras públicas bajo amenazas de muerte.
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Tortura: Durante las horas de encierro, Carlos Alfredo fue sometido a brutales golpizas con puños, patadas, tablas, tubos y la cacha de un arma de fuego, sufriendo además heridas con arma blanca en sus extremidades para obligarlo a confesar el paradero del dinero.