Ante la creciente ola de rumores y la preocupación de los usuarios en redes sociales sobre un supuesto cambio obligatorio y masivo de los medidores de servicios públicos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un parte de tranquilidad para la ciudadanía.
La autoridad reguladora desmintió de manera tajante que los ciudadanos deban salir a costear o reemplazar de forma inmediata los equipos que actualmente tienen instalados en sus hogares si estos operan con normalidad.
Las tres claves de la normativa: ¿A quiénes aplica realmente?
La SIC aclaró que los nuevos reglamentos técnicos expedidos por el Gobierno nacional no son retroactivos ni exigen una sustitución automática. La nueva regulación se implementará de manera gradual y afectará únicamente los siguientes escenarios:
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Medidores nuevos: Aquellos equipos que apenas van a ingresar al mercado nacional o que las empresas de servicios públicos vayan a adquirir a partir de la fecha.
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Nuevas instalaciones: Viviendas, comercios o proyectos inmobiliarios que soliciten la acometida e instalación del servicio público por primera vez.
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Reemplazos técnicamente justificados: Casos específicos donde el medidor actual haya cumplido su vida útil, presente fallas mecánicas demostrables, tenga averías físicas o existan razones técnicas que impidan su correcto funcionamiento de medición.
En conclusión: Si el medidor de agua, luz o gas de su casa funciona correctamente y registra el consumo sin anomalías, ninguna empresa prestadora de servicios públicos puede obligarlo a cambiarlo amparándose en el nuevo reglamento.
Las autoridades invitaron a la comunidad a no caer en cadenas de desinformación y a denunciar ante la superintendencia cualquier intento de cobro coactivo o presión injustificada por parte de los operadores de servicios bajo la excusa de la nueva norma.