El proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España —que busca dar papeles a cerca de un millón de personas— ha entrado en un escenario de alta incertidumbre jurídica. Justo el día en que vence el plazo para presentar las solicitudes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha abierto la puerta a enviar el Real Decreto del Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al albergar serias «dudas» de que la medida colisione con el Derecho Comunitario.
El Alto Tribunal ha dado un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre la pertinencia de plantear una cuestión prejudicial en Luxemburgo. Tras recibir las alegaciones, los magistrados decidirán si elevan la consulta y, lo más crítico, si suspenden cautelarmente la tramitación de los expedientes.
Los tres frentes donde el Supremo ve un choque con Europa
Los magistrados Carles Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román argumentan que el Real Decreto no realiza un análisis individualizado, sino que establece un régimen general que podría vulnerar los acuerdos de la Unión Europea en tres puntos clave:
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Freno a las expulsiones vigentes: La disposición adicional 20 otorga residencia temporal por arraigo a quienes solicitaron protección internacional antes del 1 de enero de 2026. El Supremo advierte que esto beneficia incluso a personas con órdenes de expulsión confirmadas por sentencias judiciales, archivando dichos expedientes.
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Ruptura del principio de solidaridad: El Pacto de Migración y Asilo de la UE (PMAUE) establece que la gestión migratoria no debe ser asumida por los Estados de forma unilateral, sino en conjunto. Una regularización masiva de este calibre podría romper la «cooperación leal» y el reparto equitativo de responsabilidades entre los socios europeos.
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Impacto en el control fronterizo común: El tribunal recuerda que la libre circulación dentro del espacio común europeo implica que la entrada de nacionales de terceros países afecta a la totalidad de los Estados miembros, por lo que las medidas unilaterales chocan con el Reglamento de fronteras.
Situación de los solicitantes: A pesar del movimiento judicial, el Ministerio de Migraciones ha enviado un mensaje de tranquilidad. Al expirar el plazo, todos los solicitantes reciben automáticamente una autorización provisional válida exclusivamente en territorio español.
Próximos pasos del pulso judicial
El proceso entra ahora en una fase de cuenta regresiva legal:
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Viernes 3 de julio: Vence el plazo para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (dirigido por Elma Saiz) y la Abogacía del Estado presenten sus alegaciones contra la consulta europea.
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Decisión del Supremo: Tras estudiar los escritos, la Sala resolverá si paraliza el Real Decreto y remite el caso al TJUE.
Desde el Gobierno recuerdan que el Supremo ya rechazó suspender el proceso el pasado mes de mayo, por lo que confían en que esta iniciativa —la mayor desde la realizada por el gobierno de Zapatero en 2005— pueda culminar con éxito.