El escándalo desatado por las filtraciones que salpican la política de «Paz Total» del gobierno de Gustavo Petro acaba de dar un giro jurídico sin precedentes. Este viernes, el Ministerio de Defensa anunció que, en representación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, radicará una solicitud formal para ser reconocido formalmente como víctima en el expediente.
La revelación, entregada en primicia por Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, es la respuesta institucional inmediata a los comprometedores audios revelados por Noticias Caracol. En las grabaciones se escucha al excomisionado de Paz, Danilo Rueda, negociando términos con alias ‘Jerónimo’, un peso pesado del Clan del Golfo (AGC).
El punto de quiebre que detonó la indignación y la acción legal del Mindefensa radica en que la cúpula militar y policial habría sido puesta sobre la mesa de negociación como una «moneda de cambio».
Las frases de la discordia: ¿Fuerzas Militares negociadas?
Los audios, que datan del 2 de septiembre de 2022 —apenas semanas después de la posesión presidencial—, exponen una conversación que ha sido calificada en los pasillos del poder como una afrenta a la institucionalidad.
En los extractos clave de la negociación se escucha:
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La promesa de Danilo Rueda: El excomisionado le asegura al cabecilla criminal que el Ejecutivo ya avanza en un plan de intervención interna: “Yo les doy dos mensajes: uno, cese de bombardeos, y dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial (…) la depuración es compleja, pero se está haciendo”.
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La exigencia del Clan del Golfo: A cambio de mantener un cese al fuego unilateral, alias ‘Jerónimo’ le exige explícitamente al funcionario que desmantele la operatividad estatal: «Surgió la petición de sacar a los grupos de infiltramiento de la Policía y el Ejército» de los territorios bajo su control.
El impacto legal: Al pedir ser reconocidos como víctimas, las Fuerzas Militares y la Policía buscan blindarse jurídicamente, tener voz en el proceso penal y exigir que se aclare si se vulneró la seguridad nacional y el honor de las instituciones para favorecer a una organización narcotraficante.
Un tablero político y disciplinario al rojo vivo
Este nuevo movimiento del Ministerio de Defensa le echa más leña al fuego a una crisis que ya escaló a los organismos de control. Actualmente, la Procuraduría General de la Nación mantiene una indagación abierta contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el propio Danilo Rueda para determinar el alcance real de estos pactos en la sombra y si las órdenes de frenar operaciones militares terminaron desprogiendo a la población civil en las regiones controladas por el Clan del Golfo.