Por San Calletano Cruceiro
La reciente ratificación de la condena contra el exgobernador ‘Kiko’ Gómez —más de 31 años de cárcel por el homicidio del concejal Luis Gregorio López— debería ser un triunfo para la justicia colombiana. Sin embargo, en el país de lo absurdo, este triunfo se diluye cuando observamos el escenario donde estos personajes purgan (o deberían purgar) sus penas. La pregunta que flota en el ambiente tras analizar la gestión del Ministerio de Justicia durante la era de Andrés Idárraga es obligatoria y dolorosa: ¿Por qué La Picota se convirtió en una cumbre de capos y no en un centro de reclusión?
La confluencia en un mismo recinto penitenciario de figuras de la talla criminal de ‘Kiko’ Gómez, ‘Marquitos’ Figueroa, ‘Paul’ Corrales y los hermanos Prada no es un accidente geográfico; es el síntoma de una patología estatal. Ver cómo el sistema penitenciario permite que jefes de estructuras criminales, cuyos tentáculos de violencia y corrupción han desangrado regiones enteras, convivan bajo el mismo techo, es una bofetada a las víctimas.
Condenado ‘Kiko’ Gómez a más de 31 años de prisión por homicidio en La Guajira
Se nos ha dicho, ad infinitum, que el problema es la infraestructura. Que Colombia carece de cárceles de «supermáxima seguridad» y que, por ende, el INPEC se ve limitado a centralizar a los «pesos pesados» en Bogotá, cerca de los juzgados y las altas cortes. Pero esa excusa se agota cuando la realidad supera la ficción. La gestión ministerial, bajo el mando de Idárraga, pareció más interesada en la administración burocrática del caos que en la implementación de una política de aislamiento efectivo.
Cuando un Estado no tiene la capacidad de segregar a sus criminales más peligrosos, no solo está fallando en su deber de custodia; está, tácitamente, facilitando una «gobernanza criminal». La cercanía física entre estos personajes es el caldo de cultivo perfecto para alianzas, coordinaciones de economías ilegales y el fortalecimiento de redes de poder que, desde el patio de una cárcel, siguen operando con una impunidad que desafía cualquier lógica.
¿Fue acaso desidia, negligencia o, peor aún, una connivencia silenciosa que permitió que La Picota se transformara en un despacho de operaciones? El silencio ministerial frente a estas coincidencias criminales es ensordecedor. No basta con sentenciar a un político corrupto si, una vez condenado, se le garantiza un entorno donde puede seguir ejerciendo su influencia.
La justicia no termina con la lectura de una sentencia. La justicia se completa con la ejecución de la pena en condiciones que aseguren la resocialización, pero, sobre todo, la neutralización del peligro. Mientras el Ministerio de Justicia siga permitiendo que La Picota sea el «club» de quienes han destruido la democracia regional, la sentencia contra un ‘Kiko’ Gómez será apenas un papel más en un archivo, mientras el verdadero poder criminal sigue, imperturbable, tras las rejas, pero con las manos libres.
Es hora de que el Estado recupere el monopolio del control carcelario. Si la infraestructura no da abasto, la voluntad política debería ser el muro de contención. Lamentablemente, hasta ahora, los muros de La Picota han sido, más bien, una puerta giratoria para la impunidad.