Un terreno de 600 metros cuadrados, ubicado en una de las zonas más exclusivas del Caribe colombiano, se convirtió en el centro de una disputa que hoy enfrenta directamente a un particular con el Estado.
Se trata de la llamada ‘Isla Fiesta’, en las Islas del Rosario, que continúa bajo ocupación del empresario Andrés Jorge Lisocki Fryde, pese a que su contrato venció en diciembre de 2023.
Lo que comenzó como un trámite administrativo escaló a un conflicto jurídico de alto perfil. Mientras el Gobierno insiste en que el predio es un bien público que debe ser recuperado, el ocupante defiende su permanencia argumentando derechos derivados de años de relación contractual.
Un canon simbólico y una ruptura
Durante años, Lisocki ocupó el terreno mediante contratos que le permitían pagar un canon mensual cercano a los 200 mil pesos, una cifra que contrasta con el alto valor comercial de la zona.
Tras el vencimiento del acuerdo, la Agencia Nacional de Tierras planteó un nuevo escenario: entregar el predio o asumir un arriendo actualizado que rondaría los 11 millones de pesos mensuales.
La propuesta fue rechazada. Desde entonces, el empresario permaneció en la isla sin un contrato vigente, lo que para el Estado configura una ocupación irregular de un bien público.
El operativo que no prosperó
La tensión alcanzó su punto más alto el pasado 28 de enero, cuando autoridades intentaron recuperar el terreno mediante un operativo de desalojo.
Sin embargo, la intervención fue frenada horas después por una decisión del Tribunal de Bolívar, que ordenó restituir la posesión al empresario en un plazo de 48 horas.
El tribunal consideró que el procedimiento no podía ejecutarse sin antes agotar un proceso judicial más amplio, lo que en la práctica devolvió el control del predio a Lisocki.
Un caso que trasciende la isla
El caso de ‘Isla Fiesta’ se ha convertido en un ejemplo de las dificultades que enfrenta el Estado para recuperar bienes públicos en medio de disputas legales prolongadas.
Mientras avanza el proceso judicial, el terreno sigue ocupado y el desenlace permanece abierto, en un pulso que podría sentar precedentes sobre el manejo y recuperación de propiedades estatales en zonas de alto valor turístico.