La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo golpe a la estructura del Clan del Golfo, al capturar al intendente Harvey Arellano Cerda, jefe de operaciones de la Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional (Sipol) en Bolívar.
Arellano Cerda fue judicializado por presuntamente filtrar información confidencial sobre las operaciones de la fuerza pública en la región, ayudando a la subestructura Uldar Cardona Rueda del grupo armado ilegal.
De acuerdo con las investigaciones, el intendente aprovechó su cargo para acceder sin autorización a los sistemas de la Sipol, donde extrajo información privilegiada sobre los movimientos de las autoridades, alertando a los cabecillas del Clan del Golfo sobre los operativos en su contra. Esta filtración permitió a la organización criminal eludir las acciones de la Policía y proteger sus actividades ilícitas, incluyendo el manejo de sus finanzas ilegales.
El funcionario fue imputado por el delito de violación de datos personales agravado, un cargo que aceptó durante la audiencia. Además, se le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su residencia mientras se sigue el proceso judicial.
La captura de Arellano Cerda fue posible gracias a interceptaciones telefónicas legales, que proporcionaron material probatorio clave en la investigación. En una de las conversaciones interceptadas, se escucha al intendente recomendando a un miembro del Clan del Golfo, conocido como alias «Cuco», evitar hacer movimientos sospechosos para burlar una orden judicial: «No diera papaya, por lo menos durante un año, para que transcurra el tiempo y se venciera dicha orden«.
El fiscal a cargo del caso destacó durante la audiencia que el intendente no solo proporcionaba información sobre las operaciones policiales, sino que también asesoraba a los miembros del Clan del Golfo sobre cómo evadir la acción de la justicia. Según las autoridades, Arellano Cerda actuó como un puente entre la organización criminal y otros funcionarios públicos, manteniéndolos al tanto de las estrategias de la Policía.
Este caso pone de manifiesto la infiltración de grupos criminales dentro de las fuerzas del orden y refuerza el compromiso de las autoridades en desmantelar las estructuras del Clan del Golfo y en erradicar los nexos entre delincuentes y funcionarios del Estado.
