Por David Awad Virviescas
La decisión del Consejo de Estado de decretar la suspensión provisional del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que fijaba el salario mínimo legal mensual para 2026 en $2.000.000, no solo abrió un nuevo frente jurídico, sino que también promete tener profundas repercusiones en la actual campaña electoral.
Lo anterior si se tiene en cuenta que el alto tribunal, dentro del expediente 11001-03-25-000-2026-00033-00 (0048-2026), resolvió las solicitudes de medidas cautelares interpuestas contra el acto administrativo expedido por el presidente de la República y los ministros del Trabajo y de Hacienda.
La suspensión provisional por el Consejo de Estado del decreto que incrementó el salario mínimo 2026 en un 23.7% genera un alto impacto político, debilitando la narrativa del gobierno de Gustavo Petro sobre la mejora salarial. La decisión, motivada por falta de justificación técnica, genera incertidumbre económica, tensiones con sectores empresariales y la obligación al ejecutivo de renegociar el ajuste.
En su decisión, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del decreto demandado y ordenó al Gobierno Nacional expedir, en un plazo de ocho días calendario, un nuevo decreto que fije un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo para 2026, el cual regirá hasta que se profiera sentencia definitiva.
La medida frena sin duda alguna, una de las principales políticas de la administración, la cual fue cuestionada por carecer de una «justificación jurídica y económica verificable». De esta manera, queda en evidencia el claro enfrentamiento directo entre el alto tribunal y el poder ejecutivo, generando incertidumbre jurídica sobre el valor del salario mínimo durante la suspensión.
El tribunal precisó que la medida no implica un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del acto, sino que busca garantizar el respeto a los criterios económicos y constitucionales establecidos en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y su desarrollo jurisprudencial.
Sobre el particular, sectores cercanos al gobierno ven la medida como una agresión a la clase trabajadora, lo que podría aumentar la polarización, mientras que el gobierno advierte sobre la inestabilidad social.
Así la cosa, la Corte está obligando a un nuevo aumento provisional, forzando al gobierno a reevaluar su postura para garantizar la seguridad jurídica.
Muchos consideran que la decisión judicial podría fortalecer el discurso político del Ejecutivo, al presentarse como una defensa de los trabajadores frente a lo que califican como obstáculos institucionales. Otros sectores sostienen que el fallo reafirma la necesidad de respetar los parámetros técnicos y legales en la fijación del salario mínimo.
Lo cierto es que la medida cautelar implica que el gobierno debe actuar de inmediato para establecer un nuevo ajuste, protegiendo temporalmente el salario actual mientras el caso se resuelve definitivamente.
Con esta decisión, el Consejo de Estado no solo redefine temporalmente el panorama económico para 2026, sino que también introduce un nuevo elemento de tensión política en una campaña que ya se perfila como una de las más polarizadas de los últimos años.