El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que fijaba un aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, el más alto registrado hasta ahora. La decisión obliga al Gobierno Nacional a expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, que cumpla con los criterios técnicos y legales exigidos por la ley, mientras se resuelve el proceso judicial.
El tribunal precisó que la medida cautelar busca proteger el objeto del proceso y la efectividad de una eventual sentencia, y aclaró que no representa un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del aumento. Entre los criterios a tener en cuenta para la nueva cifra se encuentran la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional.
La suspensión genera un clima de incertidumbre para trabajadores y empleadores. Para los trabajadores, se desconoce el valor real de sus ingresos y su poder adquisitivo frente a la inflación. Para las empresas, el freno al aumento alivia temporalmente los costos laborales, pero complica la planeación de contratación, nómina y precios de bienes y servicios.
“Esto evidencia una vez más la tensión entre proteger a los trabajadores y garantizar la sostenibilidad de las empresas”, señaló un experto en economía laboral.
Posibles escenarios
Analistas del sector plantean varios escenarios a partir de la decisión:
- Ajuste moderado del salario mínimo: un incremento menor al 23,7 % podría aliviar costos empresariales, pero generaría descontento entre los trabajadores.
- Confirmación del aumento histórico tras revisión técnica: se mantendría el incremento original, beneficiando el poder adquisitivo, pero aumentando la presión sobre el empleo y los precios.
- Aumento escalonado o diferenciado por sectores: PYMES podrían recibir aumentos menores mientras grandes empresas aplican incrementos mayores, equilibrando competitividad y salario.
- Postergación temporal con medidas compensatorias: mantener temporalmente el salario actual mientras se otorgan incentivos a empresas para sostener empleo y formalidad.
Según Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, “el aumento del salario mínimo sin medidas de transición ni compensación para la productividad traslada el ajuste directamente al empleo, a los precios y a la informalidad. La decisión del Consejo de Estado obliga a pensar cuidadosamente cómo equilibrar justicia salarial y sostenibilidad económica”.
El Gobierno Nacional tiene ahora ocho días para expedir un nuevo decreto, que marque la pauta de la política salarial del país para 2026, en medio de un escenario complejo que combina inflación elevada, reformas laborales y presión social por el poder adquisitivo de los trabajadores.