La estabilidad de las tarifas eléctricas en la región Caribe podría dar paso a nuevas rebajas, gracias al alto nivel de los embalses y al mayor uso de generación hidroeléctrica en el país, afirmó Norman Alarcón, dirigente de usuarios y candidato a la Cámara por el Atlántico, quien participa hoy en una sesión de la CREG en Barranquilla.
Según Alarcón, la abundancia de agua ha reducido los costos de generación, que representan cerca del 35 % del valor final de la factura.
“Por la abundancia de agua, los precios de generación han venido bajando y eso ha impactado realmente en la tarifa. En la región Caribe ya vemos una tarifa estable en Air-e de 796 pesos por kilovatio”, indicó.
El dirigente destacó que esta estabilidad también se ha logrado gracias a la presión ciudadana, de las fuerzas vivas del Caribe y al fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico dentro de la Acción Popular presentada por los personeros de Barranquilla y Santa Marta.
No obstante, aseguró que la tarifa podría disminuir aún más si se elimina la sobretasa del 20 % que actualmente pagan los usuarios.
Generadoras estatales listas para reducir tarifas
La hidroeléctrica Urra S.A. reiteró su disposición de ajustar las tarifas, pero señaló que espera lineamientos claros de la CREG, que hoy analiza el proyecto de Estatuto de Defensa de los Usuarios en La Perla de la Universidad Simón Bolívar.
“En estos momentos el país está consumiendo energía fundamentalmente de hidroeléctricas. Las termoeléctricas operan a niveles bajos, ya que hay abundancia de generación hídrica con Urra, Hidroituango y otras plantas nacionales”, explicó.
Alarcón señaló que cualquier disminución en el costo de generación impactaría de inmediato en la tarifa final. Además, planteó que Urra y Gecelca deberían vender energía a precios más asequibles a Air-e, beneficiando tanto a los usuarios como a la región Caribe en general.
Debate sobre el Estatuto de Defensa de los Usuarios
Durante la sesión de la CREG, Alarcón presentará una ponencia crítica frente al proyecto de estatuto, que según él, contiene puntos preocupantes:
- Medición inteligente obligatoria en el sector residencial, pese a que la Corte Constitucional establece que no debe ser obligatoria para los usuarios.
- Medición prepago para quienes se retrasen tres veces en el pago del servicio, medida que Alarcón calificó de injusta:
“Rechazamos de manera rotunda la medición prepago porque quien no pueda pagar anticipadamente se quedaría en las tinieblas. La energía dejaría de ser un derecho”.
El dirigente hizo un llamado a que los usuarios participen activamente en la construcción del estatuto, recordando que los servicios públicos funcionan como un trípode compuesto por empresas, Estado y usuarios.
“Si no se escucha a los usuarios, esa estructura queda coja”, concluyó.