La Nueva EPS aseguró que los embargos judiciales por $2,1 billones podrían poner en jaque su operación y la atención a más de 11,7 millones de afiliados.
Según la entidad, el problema se originó en noviembre, cuando el monto embargado pasó de $422.000 millones a $887.000 millones. Sin embargo, cuatro juzgados elevaron la cifra hasta los impactantes $2,1 billones, dejando a la EPS con cuentas bloqueadas y recursos retenidos.
“La situación es crítica: sin estos recursos, no podremos operar administrativamente ni garantizar pagos a los 5.000 prestadores a nivel nacional, muchos de los cuales dependen financieramente de nosotros”, indicó la entidad.
Los embargos afectan principalmente a 95 IPS, de las cuales el 80% son privadas y de gran relevancia en todo el país. La Nueva EPS asegura que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son inembargables, por lo que ha solicitado medidas urgentes a la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y la Adres.
En pocas palabras: la EPS está con el agua al cuello y sus afiliados cruzan los dedos para que la salud no se vea afectada mientras los jueces deciden el futuro de estos multimillonarios embargos.